La tasa de criminalidad baja en España: ¿realidad o un mero cálculo estadístico?

  • Rubalcaba presentó la menor tasa de criminalidad en once años.
  • Sindicatos policiales y oposición ponen en duda la fiabilidad de los datos.
  • Los datos de Cataluña y País Vasco no figuran de manera completa en la tasa.
Dos guardias civiles trasladan a un detenido, en una fotografía de archivo.
Dos guardias civiles trasladan a un detenido, en una fotografía de archivo.
Rafael Díaz / EFE
Dos guardias civiles trasladan a un detenido, en una fotografía de archivo.

“El calvario de la criminología es la estadística”, comentaba un profesor de esta disciplina a 20minutos.es. “Los datos siempre están condicionados por el objetivo que busca el estudio”, aclaraba.

Esa es una buena premisa a la hora de analizar los datos de criminalidad que ofreció esta semana el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Según los datos facilitados en su balance, la tasa de criminalidad –delitos y faltas por cada 1.000 habitantes- en España durante 2010 fue de 45,1, “la mejor en los últimos once años”.

Sin embargo, oposición, sindicatos policiales y algunos académicos ponen en duda estas cifras. Las razones para tomar con cautela estos datos, según estos críticos, son variadas: las operaciones estadísticas, el recuento de delitos, etc.

Aún dudando de esos datos, parece claro que “estamos en una tendencia de descenso paulatino de la criminalidad desde los ochenta, con alguna interrupción, pero diciendo esto con cautela y con matices”, explica el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Jacobo Dopico.

¿Son los datos de toda España?

En realidad, los datos con los que se calcula esta tasa se corresponden con lo que se denomina Territorio Mir (el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), por lo tanto no aparecen los datos de Cataluña y País Vasco (donde estos cuerpos tienen un despliegue limitado frente a los cuerpos autonómicos), y figuran de forma parcial los de Navarra. Tampoco figuran los de las policías locales.

Cuando el ministro presentó los datos en comisión, la diputada de CiU Mª Mercé Pigem preguntó sobre este extremo. Afirmó que las autonomías citadas entregaban sus datos de criminalidad mensualmente –aunque desconocía si en el formato adecuado- y que en esa estadística “no se deducía los ciudadanos de Cataluña o el País Vasco”, donde no se contabilizan todos los delitos. Esto afecta a la tasa ya que hay más población para repartir los mismos delitos.

El ministro ya había asegurado que por esa razón los datos tenían una “corrección hecha” –utilizar la parte de población de esas regiones que “representa” el despliegue policial estatal allí y no el total- que los hacía “absolutamente homologables”. Y aseguró que sumar todos los datos de las comunidades “teóricamente es muy fácil, pero no es así”.

Igualmente prometió que en el Senado se ofrecerían, en unas semanas, unos datos que englobarían todos los territorios del Estado.

¿Se miden de la mejor manera posible?

Ese es el ‘quid’ de la cuestión. El Partido Popular asegura que en realidad, entre los años 2004 y el año 2009 los delitos conocidos por los cuerpos de seguridad no sólo no han subido sino que han crecido un 8%, como aseguró Ignacio Cosidó en la comisión de Interior.

A parte de la falta de datos nacionales, el PP critica que hay acumulación de delitos en una sola diligencia, que algunos de ellos se convierten en faltas, denuncia contradicciones en los datos, incumplimientos de los criterios de Eurostat y de los mandatos del Congreso, que obliga a publicar estos datos con carácter mensual, pero no se realiza.

“No podemos valorar ni positiva ni negativamente estas cifras porque no conocemos ni los datos ni la metodología”, explica José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Critican la “falta de transparencia, el ocultismo” con los datos de criminalidad en este país, “que parecen secretos”. “Es tercermundista”, asegura, a la par que explica que esto no es solo algo propio del actual gobierno si no que responde a un acuerdo político.

Nos ofrecen más credibilidad los datos de la Fiscalía, aunque tengan errores, que los del Ministerio”, asegura Benito.

Los populares también critican que se “condiciona la productividad” de los agentes a “bajadas estadísticas”. Se refieren a los pluses de productividad que cobran los policías si la criminalidad baja en sus comisarías.

“Esa productividad no se traduce en una presión sobre los agentes, pero sí en los mandos”, asegura Benito del sindicato SUP, que además asegura que es una “miseria”. “Ese plus no afecta al trabajo diario en la calle, pero sí a la manera de contabilizar para las estadísticas: si un tipo roba diez coches en un mismo lugar, la Fiscalía tiene diez causas, pero la Policía lo contará como un solo delito de robo con fuerza”.

La Unión de Oficiales de Guardia Civil Profesional, denuncia, por otra parte, que aunque en términos relativos el número de casos esclarecidos ha aumentado del 40,5% en 2009 al 41% en 2010, numéricamente han descendido en unos 5.000.

Del mismo modo critican que todos los delitos valgan igual. En la última década los delitos contra vida, integridad y libertad de las personas, según los datos ofrecidos por Interior, se han incrementado de 60.209 (2000) a 103.155 (en 2010). "Puede que baje la criminalidad en su cifra total, pero los delitos más graves se han incrementado".

La Unión de Oficiales también ponen en duda que la criminalidad esté disminuyendo. "Nuestra percepción, que no es global, es que no está bajando".

En cualquier caso, los datos del CIS sí indican que la preocupación ciudadana por la inseguridad ha ido bajando en los últimos años y sigue estando muy por debajo de las preocupaciones económicas.

¿Es España uno de los países más seguros de Europa?

Si consideramos esta tasa de criminalidad (en el Territorio Mir) se podría decir que es uno de los más seguros de la UE y está muy por debajo de la media europea. Sin embargo, al ver los países encontramos que los países “más seguros” que España son Grecia y Portugal y los países con mayor tasa son Suecia, Bélgica y Dinamarca, que, pese a Stieg Larsson y otros novelistas de moda, no parecen ser un modelo de inseguridad.

El asunto vuelve a llevar a la cuestión de cómo se miden estos procesos. En algunos países se incluyen los datos de tentativas y en otros no. Depende de cómo se mida, cambia la tasa.

Nadie da cifras de criminalidad totalmente reales. Es como una pirámide, abajo están los crímenes de los que las fuerzas del orden tienen constancia –que no son todos-, más arriba los delitos que se enjuician, luego los hay condenadas, los que cumplen penas, etc.”, explica el profesor Jacobo Dopico.

“Sin cambios en la estrategia policial y en la metodología estadística esta tasa puede ser un indicador, pero con muchos matices que probablemente no dan los políticos”, asegura. “Las variaciones de las cifras policiales pueden deberse a muchos factores, pero no tienen por qué suponer un descenso real de la criminalidad”.

¿Y si comparamos los datos con la población reclusa?

Se pude buscar fiabilidad en los datos sobre criminalidad equiparándolos con otros datos. Uno de los más recurrentes es la población reclusa. Un indicador que no parece respaldar dicha tasa, porque el número de presos se ha incrementado en casi 30.000 durante los últimos once años (aunque en el último año ha sufrido un pequeño descenso estando en 73.576 en enero de 2011). España tiene una de las mayores tasas de población reclusa de la UE.

¿Cómo es posible, si la tasa de criminalidad ha bajado? El ministro Rubalcaba tiene claro la explicación, según afirmó el pasado martes en la Comisión parlamentaria: “La eficacia policial, no hay más”.

Quizá sí haya alguna explicación más: la ampliación de la “longitud de las penas” y “el cierre a la libertad provisional y al tercer grado”, según asegura el profesor Dopico. Y eso ocurre por la “vulgarización” de esos conceptos con la excusa de “no parecer blando” a la sociedad. “Se hacen las cosas a golpe de titular y de encuesta”.

Igualmente, el descenso de presos del último año también se puede explicar con la entrada en vigor del artículo 89 del Código Penal que regula las expulsiones de los inmigrantes indocumentados condenados en España.

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