La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado un recurso de apelación del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional contra el sobreseimiento del caso de presunto espionaje a políticos del PP, entre ellos Manuel Cobo y Alfredo Prada.

La Sección 16 ha estimado en un auto que no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de la causa porque hay "indicios suficientes" de la comisión de delito de malversación de caudales públicos.

La decisión de los tres magistrados del tribunal madrileño, y de la que ha sido ponente Luz Almeida Castro, supone la reapertura del denominado 'caso de espionaje' o 'caso de los espías', que fue inicialmente sobreseído en julio de 2010 por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce.

El presunto delito por malversación de fondos públicos contra los cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid se basaba en que utilizaron teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para supuestamente espiar al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y al ex consejero Alredo Prada, entre otros políticos del PP.

Los imputados son los funcionarios Sergio Gamón Serrano, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez, los cuales sostuvieron que al retirar la Fiscalía su acusación y quedar sólo la del Grupo Parlamentario Socialista como acción popular, ésta carecía de legitimación procesal.

El auto recuerda que los informes policiales establecieron la correlación entre los tres asesores de Seguridad de la Comunidad de Madrid -Caro, Coronado y Oreja- con el contenido de los seguimientos reflejados en los partes, gracias a los datos suministrados por la compañía telefónica Movistar sobre los teléfonos asignados a dichos funcionarios.

Los tres imputados negaron "rotundamente" haber seguido a Cobo y a Prada, pero al ser identificados sus teléfonos, por ejemplo en la madrileña plaza de Cibeles, alegaron la existencia de varias consejerías en esa zona. Sin embargo, los magistrados consideran que ello no explicaría "su presencia sistemática" en dicho lugar.

Además, sobre los seguimientos a localidades de la región madrileña, los imputados dijeron que era para reforzar la seguridad de esas personalidades, pero el tribunal sostiene que eso es incompatible con el hecho de que numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Madrid también ordena en su auto la continuación de las diligencias que falten por practicar. Por su parte, el PP considera sospechosa la reapertura del caso porque la juez encargada del mismo es hermana de Cristina Almeida

El lunes 19 de enero, el diario El País publicaba la primera información que relacionaba a la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid con un servicio parapolicial de espías creado para investigar a políticos. El martes día 20, el rotativo ponía sobre la mesa vídeos y documentos que atestiguaban el seguimiento realizado a Ignacio González, vicepresidente regional, durante dos viajes, uno oficial y otro privado, a Colombia y Sudáfrica.

Un día después, el miércoles 21, el mismo rotativo destapaba otro presunto seguimiento: en esta ocasión la víctima era el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. El día 22 de enero los lectores asistían a otra entrega de la presunta trama que señalaba a un ex consejero de Esperanza Aguirre y enfrentado a ella, Alfredo Prada, como la nueva víctima y también un directivo de Caja Madrid, su presidente Miguel Blesa.

El 15 de julio de 2010, la jueza Carmen Valcarce acordó el sobreseimiento provisional y archivo del 'caso del espionaje' al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública", así como que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".