El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón ha presentado un recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los Derechos Fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) con el objetivo de que el Gobierno de Aragón le entregue toda la información relativa al pago de 23.191 euros por el plan de seguridad y salud de la ampliación del Museo 'Pablo Serrano' y otros 31 expedientes.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular, Eloy Suárez, ha indicado que el objetivo es conocer toda la información que ha llevado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a realizar imputaciones por posibles "actuaciones graves" en cuanto al gasto de dinero público durante los años 2004 y 2005, es decir, durante el mandato del socialista Marcelino Iglesias como presidente del Gobierno autónomo.

"Podría acabar imputada la candidata" del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, ha aventurado Eloy Suárez, aludiendo al pago de los mencionados 23.191 euros por el proyecto de seguridad y salud de lo que hoy es el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos 'Pablo Serrano', que reemplaza al histórico museo zaragozano que lleva el nombre del escultor de Crivillén.

Según el Tribunal de Cuentas, durante el mandato de Almunia como consejera de Educación, Cultura y Deporte, entre 2001 y 2008, adjudicó el mencionado proyecto arquitectónico sin publicidad, ni promoción de concurrencia y, además, sin acreditar los supuestos que habilitan legalmente para utilizar el procedimiento de adjudicación que empleó, aparte de que no incluyó el estudio de seguridad y salud en el proyecto general de reforma del Museo, sino que los consignó y pagó al margen del mismo.

El Tribunal de Cuentas afirma, asimismo, que no se le han remitido las valoraciones periódicas, ni las certificaciones ni el acta de recepción de esta ampliación. PROFUNDIDAD

Eloy Suárez ha lamentado que "se nos ha negado información" sobre las operaciones económicas del Consejo de Administración de la sociedad que gestiona la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y sobre otras actuaciones del Gobierno de Iglesias.

El PP tiene la sensación de que algunos de los informes relativos a las actuaciones que han movilizado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "esconden más carga de profundidad de lo que realmente parece", ha continuado Suárez.

El portavoz de los populares aragoneses ha indicado que el Grupo Parlamentario ya solicitó los 32 expedientes el 2 de diciembre de 2010 y el 15 de febrero de este año, 2011, presentaron una queja contra el Ejecutivo autónomo ante la Mesa de las Cortes de Aragón, que se dirigió al Edificio Pignatelli -sede del Gobierno_dos días después, el 17 de febrero, para recordarle la obligación de entregar la documentación.

El plazo legal para que el Consejo de Gobierno respondiera al requerimiento parlamentario concluyó el 15 de marzo, lo que ha llevado al PP a iniciar el procedimiento judicial por el procedimiento especial, por considerar que es el más rápido, aunque Eloy Suárez ha calculado que pasarán varios meses hasta que el Tribunal se pronuncie. "No nos ha quedado otro camino que acudir a la Justicia", ha sentenciado el dirigente del PP.

Suárez ha criticado las "excusas" que ha ofrecido el Gobierno para no entregar la documentación solicitada y las ha calificado de "absurdas", tras lo que ha mencionado expresamente al consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, por negarse explícitamente a entregar esta información hasta que el Tribunal de Cuentas no concluya la revisión de la misma.

Larraz argumentó así su negativa al comparecer ante el Pleno de las Cortes autónomas el 10 de febrero pasado, en sustitución del jefe del Ejecutivo autónomo, Marcelino Iglesias, a petición del popular Antonio Suárez, con quien el consejero mantuvo un rifi-rafe por este motivo.

El Gobierno debería haber "clarificado" desde el primer momento las actuaciones que están "bajo la lupa" de la Fiscalía, ha proseguido Eloy Suárez, quien ha insistido en criticar la "prepotencia" de Alberto Larraz, de quien ha dicho que "le da exactamente igual" que el Parlamento no disponga de la documentación exigida.

Jurídicamente, el Grupo Popular de las Cortes fundamenta su recurso contencioso-administrativo en el artículo 23 de la Constitución de 1978, que reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes, precepto que el Tribunal Constitucional (TC) ha utilizado para justificar doctrinalmente el derecho de los cargos electos a disponer de información oficial.

"La doctrina del Tribunal Constitucional es clara y el Gobierno lo sabe", ha aseverado Eloy Suárez, quien ha manifestado su "tristeza y decepción por tener que evidenciar que el Gobierno incumple la Ley", a lo que ha añadido que los populares han hecho "todo lo posible por evitar este paso" dándole al Ejecutivo "oportunidades más que suficientes".

El portavoz del Grupo Popular ha concluido criticando "el juego sucio y el quebrantamiento de los derechos de los diputados" que, en su opinión, se ha producido en el Parlamento autónomo durante los 12 años de mandato de Iglesias.

Lo "grave" es la "opacidad, la falta de transparencia y ese enrocamiento de no entregar la información que podía comprometer cualquier sillón".