La Confederación Intersindical Galega (CIG) y Unión Sindical Obrera (USO) han presentado este miércoles ante el juzgado de guardia de Ourense una denuncia contra el Ayuntamiento de Ourense por presuntas irregularidades en la contratación de asistencias técnicas por las que les acusan de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El representante de CIG en el ayuntamiento, Javier Gago, ha indicado a Europa Press que "las contrataciones de lo que denominan asistencias técnicas estaban mal hechas, puesto que estos casos son un servicio profesional que tiene que prestarse desde un despacho profesional", lo que, en cambio, "encargaban a personal de fuera".

Así, el delegado de personal de USO en el ayuntamiento, Julio Domínguez, ha explicado que éste es un procedimiento "legal, pero que tiene que cumplir ciertos requisitos" y permitir que personas o empresas se presenten "en igualdad de condiciones".

Además, los dos representantes sindicales han remarcado que la administración municipal también "contrataba encubriendo la relación laboral y usando medios del ayuntamiento". De hecho, esta denuncia llega después de que el Juzgado de lo Social confirmase en otros "cuatro o cinco casos" anteriores que la relación de éstos trabajadores con la administración "era laboral".

Por ello, han denunciado al Gobierno local "por prevaricación continuada, por contratar en fraude de ley encubriendo relación laboral y sin proceso selectivo y por delito de malversación de caudales públicos". Una acusación que recaería, según han señalado a Europa Press, en el responsable de personal en la fecha en se realizaron los contratos, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández; la responsable de personal, Carmen Rodríguez; y la concejala de Urbanismo, Áurea Soto —"que firma como responsable en uno de los contratos"—.

Domínguez ha expresado su deseo de que se "aclare este hecho tan insólito y se siente un precedente". "Nosotros hemos cumplido nuestra obligación ciudadana de poner en conocimiento juzgado hechos consideramos delictivos", ha concluido Gago.

Posición del ayuntamiento

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Ourense han asegurado a Europa Press que "cada vez que se contrata —a cualquier tipo de personal— se hace en base a todos los requerimientos legales" aunque, "si quieren llevarlo al juzgado, están en su derecho a realizar aquellas diligencias que consideren oportunas".

Asimismo, han recordado que en todos los casos de asistencia técnica en que ha habido una "resolución firme del juez, se les ha readmitido" y, en algunos casos, además "se les ha readmitido". Finalmente, han incidido en que la Justicia cuenta con su "apoyo y colaboración".