La mitad de los acusados de pertenecer al clan de narcos de los 'pasteleros' no acuden al juicio al estar huidos

Implicados en el intento de introducir 3.500 kilos de cocaína en España en 2008 procedente de Venezuela

La mitad de los procesados por pertenecer al grupo de narcotraficantes conocido como 'el clan de los pasteleros' no han acudido este martes a la segunda sesión del juicio que se sigue contra ellos en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, al permanecer en paradero desconocido.

De este modo, únicamente trece de los veintiséis procesados por la comisión de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales se han personado esta mañana en la segunda sesión del juicio, ante el tribunal que preside el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

Los procesados están presuntamente implicados en una red de narcotráfico que el día 1 de junio de 2008 trató de hacer llegar a España cerca de 3.500 kilos de cocaína procedentes de Venezuela, a bordo de una embarcación conocida como el 'San Miguel', operación que finalmente fue abortada por las autoridades españolas y que concluyó con la detención de los catorce tripulantes del barco.

Esta segunda jornada del juicio se ha centrado en las declaraciones de los agentes de Vigilancia Aduanera y de varios de los agentes que participaron en la operación. Así, el jefe de la embarcación de presa ha explicado que aquella misma madrugada se preparó el operativo, después de detectar al 'San Miguel' gracias a la ayuda del "radar".

El agente ha indicado que, en primer lugar, se envió una embarcación auxiliar que fue la que detectó que se trataba de un "pesquero pequeño" que portaba "una serie de fardos en la cubierta" y se decidió subir abordo.

A continuación y tras confirmar que se trataba de fardos, —según ha relatado el jefe de la embarcación de presa— se dio el aviso al Patrullero de Altura 'Petrel I' que inició los trámites para obtener las autorizaciones pertinentes para proceder a la detención y el registro del barco.

Encarcelados en los calabozos

A bordo, permanecieron "dos funcionarios" que aguardaron la llegada de dichas autorizaciones durante "dos, tres o cuatro horas". Tras ello, el capitán del 'Petrel I' dio la orden de detención y se trasladó "de dos en dos" a los catorce tripulantes que fueron encarcelados en los calabozos del patrullero, así como la mercancía.

Según ha comentado, los agentes preguntaron a los tripulantes sobre quién era el patrón del 'San Miguel' y "nadie sabía quien era". "Nadie se hacía cargo de nada". Además, ha afirmado que ya, en el transcurso del viaje a Vigo, se comprobó que dos de los tripulantes de nacionalidad española y uno italiano portaban la documentación de otra "embarcación neumática", al parecer en la que habrían llegado hasta el 'San Miguel'.

Por su parte, el capitán del 'Petrel I' ha declarado que la búsqueda del pesquero se realizó a partir de la "información" que tenían sobre la frecuencia de radio en la que se comunicaban entre ellos, hasta que el 'San Miguel' fue localizado en el radar.

El capitán ha señalado que la embarcación auxiliar que se aproximó en un primer momento concluyó que se trataba de "un pesquero de madera que, por tamaño y forma", no era habitual que se encontrara en la zona y que portaba los fardos, por lo que se decidió ejecutar el derecho de visita.

Al subir a bordo —ha proseguido— se solicitó la documentación de la embarcación que no fue facilitada. "Uno de ellos —tripulante— dijo que era un barco venezolano", ha asegurado, para después añadir que se pidió, por tanto, autorización a Venezuela para proceder a las detenciones.

EL '

San miguel'

Hacía aguas

Asimismo, ha añadido que el buque San Miguel "hacía aguas" por lo que llevarlo hasta Vigo tripulado, no habría sido "seguro". Ha reconocido que les "sorprendió" que hubiese tantos tripulantes y ha destacado que "prácticamente" ya no tenía ni comida ni agua.

Por su parte, los dos agentes de Vigilancia aduanera que han comparecido han aclarado que las investigaciones se iniciaron tras intervenir varias comunicaciones "extrañas o raras" por radio entre barcos y bases terrestres en Venezuela y tener la sospecha de un posible llegada de cocaína a España.

Estas comunicaciones fueron aportadas a través de la realización de sus transcripciones y, en los registros practicados tanto en domicilios de los procesados como en el propio buque, se halló documentación relacionada con las frecuencias de radio que utilizaban para ponerse en contacto.

El hermano y la mujer de 'COSTIÑAS'

En relación con las declaraciones de los acusados, hoy ha comparecido Francisco Piñeiro Búa, hermano de José Constante Piñeiro Búa conocido como 'Costiñas'. Según el fiscal Javier Redondo, 'Costiñas' se encargada de las "comunicaciones" del grupo y de contactar con las "organizaciones sudamericanas proveedoras de la droga".

Su hermano Francisco, que se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel acusado de blanqueo de capitales, se ha acogido a su derecho a no declarar y sólo ha respondido a las preguntas de su defensa. Así, ha defendido que su hermano "nunca" le dio dinero procedente del tráfico de drogas y que las empresas de las que él era socio se dedicaban a actividades lícitas como la "compra-venta de madera" o la producción de "uva" con Denominación de Origen Rías Baixas.

Por su parte, la otra procesada que ha declarado hoy, María Dolores Daporta Daporta, también se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel acusada de blanqueo de capitales. En este caso, se trata de esposa de 'Costiñas' que también ha rechazado declarar ante la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, Daporta Daporta ingresó en su cuenta bancaria entre enero de 2002 y agosto de 2009 un total de 117.150 euros en efectivo. La acusada ha explicado que 15.000 euros corresponden al traspaso del local de un comercio propiedad suya, mientras que 35.000 euros "al material" que tenía en el comercio que se dedicaba a la decoración.

El resto del dinero, hasta llegar a los 117.150 euros, ha asegurado que se trata de la cantidad que le traspasaban sus padres anualmente del negocio familiar, fundado por sus abuelos y dedicad al marisco. Según ha relatado, dicha empresa, "la mejor que hay en toda la zona", tiene unos beneficios anuales que rondan los "5 o 6 millones de euros".

Finalmente, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha suspendido la sesión de este martes, que se reanudará los próximos días 11 y 12 de noviembre.

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