Tanto el Gobierno de la Diputación de Ciudad, presidida por el PSOE, como la oposición, ha coincidido en destacar el que el ejemplo de la Diputación de Ciudad Real demuestra la viabilidad de las instituciones provinciales, ya que ofrece los servicios de calidad que demandan los ayuntamientos de los pueblos más pequeños mientras sigue siendo la menos endeudada de España, con una deuda cero a 31 de diciembre del año pasado según el Ministerio de Economía.

En este extremo han coincidido tanto el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, como el portavoz del Grupo Popular en la institución, José Alberto Martín-Toledano, quienes han defendido, en declaraciones a Europa Press, la permanencia de estas administraciones intermedias porque si desaparecieran, en opinión de ambos, habría que inventar otras que ofrecieran los mismos servicios a los ayuntamientos.

En concreto, De Lara ha considerado que el ejemplo de la Diputación ciudadrealeña "no sólo debería ser revisado, sino que es un modelo que, incluso, tendría que ser copiado por otras administraciones ya que, si se encuestara a los ayuntamientos de la provincia, dirían que en los últimos 12 años se han incrementado los programas y los fondos que les llegan sin incrementar en absoluto nuestra deuda, ya que siempre aplicamos políticas de austeridad".

Por su parte, Martín-Toledano ha reconocido que "desde 1993, la situación de la Diputación de Ciudad Real es muy buena y ejecuta muy bien los planes, algo que no es atribuible a ningún dirigente sino a los dos grupos políticos".

No obstante, ha querido mostrarse prudente y ha agregado que "hay poco endeudamiento efectivo pero no real, por lo que, aunque la situación es buena, hay que tener cuidado para que no vaya a peor, ya que los presupuestos se cuadran cada año con préstamos aunque luego estos no se utilicen. Si se gestiona correctamente y sin disparates, podremos mantener esta buena posición". COMPETENCIAS

Aunque el presidente y el portavoz del Grupo Popular de la Diputación están de acuerdo en que el apoyo a los ayuntamientos es la función última para la que viven las diputaciones, ambos difieren ligeramente en la aplicación de ese concepto.

En opinión de Martín-Toledano, las competencias que deberían suprimirse son aquellas que se duplican, es decir, las que ya tienen asignadas otras administraciones como la Junta de Comunidades o el Gobierno central.

Sin embargo, si ha abogado por mantener algunas que ya se vienen desarrollando como la asistencia jurídica a través de secretarios e interventores a los ayuntamientos pequeños, así como el apoyo económico y el de urbanismo "aunque se debería ampliar el límite, quizá hasta los mayores de 10.000 habitantes".

Para De Lara, ese límite de municipios a los que debe apoyar la Diputación de Ciudad Real debe establecerse en atender a los municipios de menos de 5.000 habitantes y "que el resto se encomendaran a la Junta de Comunidades".

Finalmente, De Lara si ha apostado porque se produjera un debate nacional entre los partidos para replantearse las competencias, al tiempo que consideró que las únicas diputaciones que son opinables son aquellas "como las de Galicia, donde el comportamiento de algunos de sus presidentes está siempre dando que hablar, o como las que han agotado todos los recursos que tienen o que no tienen, pero ninguno de los dos casos es el de Ciudad Real".

Escaso ahorro

Preguntados ambos dirigentes políticos sobre el ahorro que conllevaría la supresión de las instituciones provinciales, tanto Nemesio de Lara como José Alberto Martín-Toledano han coincidido en argumentar que sería mínimo, concretamente el primero lo cifró en cerca de un 4% de su presupuesto mientras que el segundo lo hizo en 1,3 millones de euros.

En concreto, Martín-Toledano se ha aventurado a señalar que el coste, incluso, se podría incrementar ya que los ayuntamientos que ahora acceden a servicios como los secretarios, la Intervención, el asesoramiento urbanístico o el de recaudación, se verían obligados a contratarlos de forma individual. "Y todo ello sin olvidar que el personal funcionario tendría que ser absorbido por otras administraciones", ha afirmado.

En términos similares se ha pronunciado De Lara, quien ha ido más allá al subrayar que "si de un plumazo amaneciéramos mañana con las diputaciones suprimidas, ¿donde reubicaríamos a los empleados públicos? ¿Quién financiaría los consorcios? ¿Cómo recibirían asesoramiento técnico y económico los pequeños municipios que no pueden sufragarlo por sí mismos? Habría que inventar otros organismos supramunicipales, con otro nombre, comarcalizando la provincia... Pero habría que encontrar otras fórmulas estables para esta administración", ha declarado.

Institución imprescindible

Otro punto de coincidencia entre el responsable del equipo de Gobierno y el líder de la oposición en la Diputación de Ciudad Real es que se trata de una administración "absolutamente imprescindible", especialmente para los municipios más pequeños.

En este sentido, Martín-Toledano ha defendido las conclusiones de presidentes de diputaciones del PP celebrado en Pontevedra de que su eliminación supondría que no se respeta la Constitución, "y que se perdería una institución esencial en la prestación de servicios a los consistorios".

Martín-Toledano, que ha recordado que el PP ha hecho una apuesta clara por el municipalismo mientras en el PSOE "se oyen voces discordantes cuando han pasado de gobernar 21 a 6", sí ha defendido una mayor clarificación de sus competencias.

En este aspecto no coincide Nemesio de Lara, quien sí cree que sus funciones están definidas aunque otras administraciones pudieran liberarla de algunas 'cargas competenciales'.

Lo que sí ha apoyado también es que las diputaciones "son esenciales en la prestación de servicios supramunicipales a los ayuntamientos que no pueden proveerse a sí mismos —como RSU, el Consorcio de Extinción de Incendios o el Servicio de Recaudación— como también lo son en el apoyo a las inversiones municipales o en el asesoramiento técnico, jurídico o urbanístico".