Después de unos meses de silencio sin noticias ni novedades, el 'caso Negreira' ha regresado con fuerza a la actualidad deportiva. La Guardia Civil sigue investigando los pagos de 7 millones de euros del FC Barcelona, repartidos durante 17 años (2001-2018), al por entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y sus informes comienzan a arrojar poco a poco algo más de luz sobre un escándalo que empaña el prestigio del fútbol español.

En este caso, esta semana ha trascendido parte de la investigación sobre el hijo de Negreira, Javier Enríquez, por esas labores de 'coaching' que realizaba frecuentemente junto a árbitros profesionales de Primera Divisón. Cabe recordar, por ejemplo, que Enríquez acompañaba a los colegiados en sus trayectos al Camp Nou, y que también colaboró en el asesoramiento de su padre al club catalán.

Por eso cobra mayor importancia el contenido que ha trascendido del último informe de la Benemérita, en el que se señala directamente al actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo (que defendía que la labor de Enríquez Negreira era "simplemente representativa), y a su predecesor en el cargo, Carlos Velasco Carballo, por haber contratado los servicios de Javier Enríquez para asesorar al colectivo arbitral español.

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En concreto, el informe cita directamente a un trencilla de Primera División ya retirado, Sergi Albert Giménez, que acusó a Enríquez Romero de "presionar" a los colegiados para contratar sus servicios, describiendo su forma de trabajar, lo inusual de su vínculo con los árbitros y sus 'métodos' en el trato mano a mano con los colegiados: "Era prácticamente el único coach de los árbitros que, al parecer, se veían presionados a contratar sus servicios".

Sin embargo, su labor iba mucho más allá de ejercer esa presión. Según Albert Giménez, Negreira hijo también cobraba en 'B' sus emolumentos por el asesoramiento a los árbitros: "Les obligaban a pagar en negro y se veían forzados, en cierta medida, a contratar al hijo del vicepresidente del CTA".

"Al parecer, Sergi Albert se siente amenazado a la vista de las declaraciones públicas que viene realizando en contra del funcionamiento del CTA y de las personas que ocupaban los puestos de decisión en el mismo", explica el mencionado informe, que deja constancia de esas amenazas contra los ex árbitros que ha decidido pronunciarse sobre el caso, como Albert Jiménez.

Una información que complementa otros extractos de los informes de la Guardia Civil relativos a esta investigación, en los que se concluye que el CTA, con Victoriano Sánchez Arminio y el propio Negreira al frente, tuvo un "funcionamiento irregular" y tomó decisiones que "no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial". 

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Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que conduce el proceso judicial, considera por su parte que existió y persiste aún una "corrupción sistémica en el seno del CTA", motivo por el que ha expulsado de la causa a la Real Federación Española de Fútbol y por el que "cualquier otro equipo de Primera División" podría sentirse perjudicado al haber enfrentado durante esos años al Barça.

Coincidiendo con las declaraciones de su padre ante la Agencia Tributaria, en este nuevo informe de la Guardia Civil se indica que Enríquez Romero presumía de su "capacidad de influencia y poder de decisión ante la inspección tributaria", detallando que "cada semana o cada 15 días revisaban las actas arbitrales y puntuaban a los árbitros". 

"En función de esa puntuación el árbitro podía ascender de categoría. También disponían de un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto", añade el informe de la Guardia Civil, corroborando la hipótesis de la existencia de un 'índice corruptor' en el CTA que designaba árbitros internacionales y otorgaba a los colegiados afines a Negreira los mejores partidos para dirigir.