La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la petición de La Liga en el marco del 'caso Soule' y solicita la imputación del que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hasta 2018, Victoriano Sánchez Arminio. El ente dirigido por Javier Tebas pidió a la Audiencia Nacional que se le investigara por el presunto desvío de 8 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinó a los árbitros.

Anticorrupción respalda varias de las diligencias solicitadas por La Liga, en una información adelantada por Voz Populi, si bien se muestra contraria a que se investigue por estos hechos a la propia RFEF.

Se da la circunstancia de que este mismo martes trascendió que La Liga había solicitado al juez que instruye 'Soule', causa en la que se indaga en las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la RFEF, que investigue una serie de pagos que hizo este organismo al hijo del ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira durante la etapa de Villar.

Iceta admite la preocupación del Gobierno por el 'caso Negreira': "Estos hechos son muy graves y perjudican al deporte español"

Se trata de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez. Las fuentes consultadas apuntan que en su día La Liga ya pidió en el marco del 'caso Soule' que la RFEF aclarara una serie de pagos que estarían injustificados, pero que una vez conocido el ya denominado 'caso Negreira' ha insistido en aclarar este extremo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, acordó el pasado agosto prorrogar sus pesquisas sobre el 'caso Soule' a la espera de recibir varios informes pendientes.

En los últimos que han sido remitidos por la Intervención General del Estado (IGAE), a los que tuvo acceso Europa Press, se advertía al instructor de la existencia de irregularidades de distinta índole en las obras y la construcción de varios campos de fútbol en España.

Fue la semana pasada cuando se conoció que la Fiscalía de Barcelona investigaba el pago de 1,7 millones que, presuntamente, el FC Barcelona habría hecho a José María Enríquez Negreira.