Tras su reciente paso por el Senado, la nueva Ley del Deporte quedó aprobada ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, al que no acudió el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Por tanto, el nuevo texto queda listo para su entrada en vigor, una vez publicado en el BOE. El ecosistema deportivo demandaba una nueva norma legal que sustituyera la de 1990, obsoleta en su articulado con respecto a la sociedad actual. En la primavera de 2017, un buen número de presidentes federativos y dirigentes deportivos se reunieron en el seno del Comité Olímpico Español (COE) para poner sobre la mesa la necesidad de un cambio en la regulación legislativa deportiva.

La idea nace en 2017

Entonces, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se formaron diferentes comisiones de trabajo encargadas de estudiar la situación del deporte español. Tras numerosas negociaciones, en las que de por medio hubo un cambio de Ejecutivo y más de un secretario de Estado para el Deporte, se llegó a un consenso para sacar adelante el texto. No obstante, sufriría diferentes adaptaciones hasta su aprobación definitiva. El mundo del deporte dejaba paso al de la política para llegar a un punto de equilibrio necesario y promover la ansiada nueva ley.

Tras su primer paso por el Congreso, a principios de noviembre, se abrieron diferentes debates en tono bronco por algunas de las enmiendas que recoge la nueva legislación, lo que puso de manifiesto las grietas entre agentes deportivos y grupos políticos. Llegado al Senado, y tras la modificación de enmiendas, el texto volvió de nuevo al Congreso, donde ayer se aprobó en su totalidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que la nueva ley «reconoce la actividad física y el deporte como un derecho fundamental de la ciudadanía y responde de forma efectiva y decidida a las demandas del sector». Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, apuntó que «con la transformación del marco jurídico del deporte respondemos a una vieja reivindicación del sector».

Entre los aspectos más destacados de la ley encontramos el reconocimiento de la actividad física y al deporte como actividades esenciales; la defensa de la igualdad y la inclusión en la práctica deportiva; la dotación de mayor seguridad jurídica a los deportistas; y la actualización del modelo de las diferentes entidades deportivas profesionales, regulando y ampliando las competencias del propio Consejo Superior de Deportes (CSD), en detrimento del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que seguirá velando por el cumplimiento de los procesos sancionadores en materia de dopaje, disciplina deportiva o garantía de legalidad de los procesos electorales que se desarrollan en las entidades deportivas.

La norma atiende también, y por primera vez, los derechos de las personas LGTBI y otorgará mayor protección al colectivo frente a cualquier clase de violencia o acto de discriminación que pueda sufrir, y promoverá que el acceso y la práctica deportiva se realice siempre con pleno respeto al principio de igualdad.

Además de la dimensión social, incluye aspectos como la transición ecológica, el impulso al deporte rural, la cohesión territorial y la innovación digital en el sector. También, las federaciones y ligas profesionales tendrán la obligación de realizar un informe anual en materia de igualdad y habrán de contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación. La nueva ley llega justo en fecha para recibir los fondos europeos que modernizará el sistema español.