"El problema no es que nos echen, sino que si nos sustituyen, se pierde todo el valor añadido y la calidad de nuestro trabajo gracias a nuestra formación. La persona que ocupe mi lugar en el teléfono 016 no llevará diez años atendiendo a víctimas de violencia de género, ni tendrá toda la formación en este tipo de violencia que hemos conseguido nosotras. No digo que vaya a hacer un servicio malo, pero es que nosotras sabemos hasta cómo realizar primeros auxilios psicológicos por teléfono".

Así se expresa una de las 23 profesionales del servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género, el 016, inmerso en un conflicto generado por el cambio de empresa concesionaria formalizado en pleno cambio de Gobierno en España. Y que, por tanto, supondrá uno de los primeros problemas con los que se encontrará Carmen Calvo, como nueva ministra de Igualdad.

El origen del conflicto es el cambio de adjudicataria de un servicio telefónico que da respuesta a unas 700.000 llamadas cada año relativas a violencia contra las mujeres principalmente. La licitación fue por el mismo importe que en años anteriores, cercano al millón de euros con IVA, pero la empresa Arvato, que llevaba once años al cargo, decidió no concursar. La ganadora del concurso se llama Atenzia y está especializada en call centers de salud y teleasistencia a mayores.

Las trabajadoras llevan varios días reivindicando que, si fructifica el cambio de empresa, ellas puedan ser subrogadas con las mismas condiciones y antigüedad que tenían. Pero Atenzia ya les ha comunicado que se entrevistará una a una con las ellas, analizará la curva de llamadas del 016 y decidirá a cuántas necesita. En cualquier caso, la nueva concesionaria no asumirá los costes de la extinción del contrato anterior ni la antigüedad.

Las empleadas han lanzado una petición en la plataforma Change.org, que ya lleva más de 5.000 firmas recogidas, en la que piden ayuda al nuevo presidente del Gobierno para poner fin al "desmantelamiento" de este servicio.

Las profesionales que actualmente asisten el teléfono consideran que el cambio de empresas no es legalmente válido a día de hoy porque no tiene la signatura del secretario de Estado de Igualdad, Mario Garcés. De ahí que hayan pedido a la futura ministra de Igualdad que cancele la transición hasta que se aclaren las normativas laborales aplicables a las empleadas de un servicio clave en la atención a las mujeres maltratadas. Dicen que es urgente porque Arvato les ha comunicado que a partir del 12 de junio el contrato se rescinde y que por ello podría producirse en próximas fechas un vacío en la prestación del servicio de atención a las víctimas de violencia de género.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido este martes una comunicación en la que informa de que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género "garantiza plenamente el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a recibir información y asesoramiento adecuado a su situación personal a través del servicio 016". Añade que el contrato que resulte con la nueva empresa, que administrativamente no está totalmente resuelto, sino en vías de cumplimentación, deberá primar "el mantenimiento de los efectivos actuales teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia y profesionalidad".