El fiscal del caso ERE considera en su informe final, que ha comenzado a leer este miércoles en el juicio, que se ha probado que la Consejería de Empleo "disponía de fondos públicos sin sujeción a control alguno" para dar ayudas "prescindiendo del procedimiento legal" y los expresidentes, exconsejeros y viceconsejeros de la Junta procesados lo sabían.

Manuel Fernández ha dicho que resulta "generoso" llamar expedientes de ayudas a los "papeles desordenados en cajas de pollo" obrantes en la Dirección General de Trabajo. En varias ocasiones se ha referido a los "mal llamados expedientes de ayudas", para incidir en la falta de solicitud, resolución de concesión, control de que los beneficiarios cumplían los más mínimos requisitos y ausencia de fiscalización previa.

Unas deficiencias que ya puso de manifiesto la Intervención de la Junta en un informa adicional del ejercicio 2003, remitido en el 2005, en el marco del control financiero de la agencia pública IDEA (antes IFA), a través de la cual la Consejería de Empleo pagaba las ayudas que concedía con fondos que le remitía mediante un uso "inadecuado" de transferencias de financiación.

Los destinatarios de ese informe fueron el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano, los exconsejeros de Innovación y Empleo Francisco Vallejo y Antonio Fernández, y la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para conocimiento del entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán -que luego presidió el Gobierno andaluz del 2009 al 2013-.

El fiscal entiende que todos ellos supieron desde ese momento que las ayudas de los ERE se estaban dando sin fiscalización previa y "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", como recoge el informe.

Pero también lo supieron otros procesados como el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías o el expresidente Manuel Chaves, porque la Intervención lo indicó en las memorias que anualmente acompañaban a los planes de control de las empresas públicas, que pasaban por la reunión de viceconsejeros y el Consejo de Gobierno.

Igualmente era conocido por los responsables de IDEA y quienes formaron parte de su consejo rector, donde se veían los informes de cuentas anuales y de cumplimiento del ente, en los que desde el 2002 -con José Antonio Viera como consejero de Empleo y Magdalena Álvarez como titular de Hacienda- la Intervención venía advirtiendo de que era "inadecuado" usar transferencias de financiación a IDEA para que pagara ayudas que no eran propias sino que gestionaba la Consejería de Empleo.

El fiscal ha hecho suyas las conclusiones de los peritos de la Intervención estatal (IGAE), ratificadas en el juicio, de que hasta el 2001, las ayudas de los ERE se tramitaban como subvenciones excepcionales que pagaba directamente la Consejería de Empleo.

Pero ese año -mediante un convenio marco suscrito entre Viera como consejero de Empleo y Fernández como presidente de IFA- se "cambió el concepto presupuestario" a transferencias de financiación para encargarle el pago al ente público con fondos que le enviaba la Consejería.

Con ello, según el fiscal, los fondos pasaban a integrarse en el presupuesto de IFA/IDEA y el gasto se realizaba allí, por tanto no era controlado a priori por el interventor de Empleo, como debe fiscalizarse toda subvención pública, sino a posteriori en IFA/IDEA, que como ente instrumental se somete a otro control.

Empleo enviaba a IFA/IDEA los fondos de una vez, en un expediente de transferencias de financiación, para que fuera pagando las ayudas que le iba ordenando en convenios particulares, lo que permitía a la Dirección de Trabajo asumir compromisos de ayudas por encima del crédito previsto en el presupuesto inicial de la Junta, algo imposible si las ayudas las hubiera concedido y pagado directamente.

Ese "cambio en la clasificación presupuestaria" del fondo, "llámese como se llame, uso indebido, inadecuado o fraudulento de las transferencias de financiación", es lo que, a juicio del fiscal, "motivó que se produjeran las deficiencias" relatadas año a año por la Intervención.

El fiscal ha hecho hincapié en que la mayoría de los 850 millones repartidos fueron ayudas para empresas y no para trabajadores afectados por crisis laborales, pues cubrían compromisos que las mercantiles contraían con ellos al negociar el ERE.

Sin embargo, al darle forma de pólizas de renta para prejubilación "el efecto buscado" era dar la "apariencia" de que los beneficiarios eran trabajadores para "soslayar" la comunicación a la Dirección de Asuntos Europeos, obligatoria para las ayudas a empresas con el fin de comprobar que no vulneran la normativa europea en materia de libre competencia y con "alto riesgo" de que la UE ordenara su reintegro si lo vulneraban. Es lo que ocurrió en el 2000 con las ayudas a la Cárnica Hijos de Andrés Molina, que motivó el cambio del sistema.

El Ministerio Público también ha rechazado la pretensión de algunas defensas, sobre todo la del exdirector de Trabajo Javier Guerrero, de "establecer un nuevo marco normativo" de las subvenciones como la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 de ayudas excepcionales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración, una orden que nunca tuvieron "en la mente" los acusados en el periodo investigado ni menciona ningún documento.