El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles por unanimidad instar al Gobierno a establecer un plazo obligatorio de renovación del certificado negativo de delitos de naturaleza sexual para profesionales y voluntarios que tienen contacto habitual tanto físico como por internet, telefónico u otra tecnología con menores.

Aunque no se ha concretado el plazo en el texto, ha salido adelante una iniciativa consensuada que ha contado con el apoyo de los 243 votos emitidos, fruto de una moción del PP a la que se han incorporado enmiendas de PSOE, Podemos, PNV y Compromís.

El objetivo de la Cámara alta es evitar que una vez obtenida dicha acreditación se cometan delitos como agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores por profesores, entrenadores, monitores y otras personas que trabajan en contacto con niños.

La senadora del PP Nuria Guijarro ha explicado que el motivo de mejorar la regulación en esta materia lo constituyen "las dudas que han surgido" al respecto desde la entrada en vigor el 1 de marzo de 2016 del Registro Central de Delitos Sexuales, que expide el certificado.

Su compañera en el grupo popular Esther Muñoz ha explicado que no han incorporado la propuesta del PSOE de fijar en dos años el plazo de renovación ya que a su juicio "es posible acortarlo", aunque finalmente no se ha concretado en el texto.

Esther Muñoz ha dicho que desde que entró en funcionamiento dicho registro se han expedido 1.600.000 certificados, de los cuales 479 fueron positivos, es decir que "casi quinientos condenados firmes querían trabajar con menores, lo que da idea de la importancia" de la iniciativa aprobada hoy.

El senador del PSOE Francisco David Lucas ha anunciado que su grupo presentará en breve una iniciativa para aprobar una ley integral de erradicación de la violencia contra la infancia y ha estimado que son necesarios jueces y fiscales especializados en abusos sexuales a niños.

Para recalcar "la magnitud del problema" ha dado alguna cifras como las recogidas en un informe de Save the Children, que indica que entre el 10 y el 20 por ciento de la población española ha sido víctima de abusos sexuales en su infancia. Ha añadido que solo el 15% de los colegios en los que niños han relatado que sufren abusos sexuales lo han comunicado a las autoridades.

La parlamentaria de Podemos Idoia Villanueva ha calificado de "escalofriantes" las cifras de esta realidad y ha comentado que según diversos informes en España el 85% de los abusos sexuales a menores no se denuncian y que el 20% de los niños los sufren y "el silencio siempre es su condena", por lo que también cree necesaria una ley integral específica para protegerles.

El texto transaccional consensuado incorpora una propuesta del PNV para intentar que la administración genere un "alarma inmediata" que reciba el empleador cuando se produzca una sentencia firme.