El número de casos de acoso y violencia hacia los profesores ha aumentado un 15% en el curso 2016-17 respecto al anterior, especialmente desde el alumnado, cambiando la tendencia descendente de los tres años anteriores.

Lo dice el Informe del Defensor del Profesor 2016-17 del sindicato de docentes independientes ANPE, que desde hace doce años ha atendido a 32.500 docentes, 2.249 el pasado curso, es decir, unos 300 más que en el anterior. Su servicio consiste en atención inmediata y gratuita para las víctimas de conflictividad en las aulas.

El 70% de los profesores atendidos presentaba ansiedad y el 9% depresión con situaciones de baja laboral.

El informe ha detectado que han pasado de un 3 a un 12% las agresiones y amenazas de los estudiantes a sus profesores. El pasado curso se denunciaron al Defensor cerca de 270 casos, mientras que el anterior fueron cerca de 60.

En lo relativo a los compañeros de los docentes, aumentaron un punto porcentual (del 18 al 19 %) los problemas con la administración educativa y dos puntos (del 26 al 28%) lo relacionado con la dirección del centro.

Respecto a los padres, también crecieron las denuncias a profesores (de un 18 a un 19%), al igual que la presión para modificar calificaciones (de un 7 a un 8%).

La comunidad de Madrid es la que más demandas atiende "curso tras curso", seguida por Galicia, Canarias y Murcia.

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha recordado que el número de profesores de centros públicos asciende a 500.000, y ha explicado que las denuncias no son ya solo respecto a cursos de Secundaria, sino que se iguala con Primaria.

Fernández Guisado ha opinado que el aumento de denuncias puede deberse a una mayor sensibilización para denunciar, a los "recortes" o a que por la crisis más alumnos están más tiempo en el sistema educativo.

Aunque "han mejorado las faltas de respeto e indisciplina de tono menor", el presidente del sindicato ha recalcado que han crecido los casos más graves: amenazas y agresiones físicas y verbales de alumnos a profesores, casos de ciberacoso (suponen el 20% de los conflictos denunciados) y denuncias de padres a docentes.

Él aboga por mejorar cuanto antes la convivencia en los centros, ya que las consecuencias en la salud de los docentes tienen efectos sobre el resto de la comunidad educativa.

También ha pedido al Ministerio de Educación reforzar la prevención de cualquier conducta violenta en los centros y ha exigido el desarrollo de la Lomce en cuanto a la autoridad del profesorado.

Los coordinadores del servicio del Defensor del Profesor, Crisálida Rodríguez y Jesús Niño, han agregado que la mayoría de casos de conflictividad se produce en escuelas públicas —son mayoría en el país, pero también los reciben del resto del sistema, incluida la Universidad y Escuelas de Arte.

Rodríguez ha señalado además que "hay un antes y un después del Whatsapp tanto por los alumnos como por los grupos de padres".

Así ha criticado los mensajes de padres que "hacen las tareas de los hijos" o "se ponen en contra de los docentes", por ejemplo, si una madre del grupo decide que una profesora no sea la tutora de su hijo o se quiere que un alumno con alguna deficiencia no siga en una clase.

Asimismo ha apuntado a que en el ciberacoso a los docentes, los alumnos acosadores pueden pertenecer a distintas clases sociales, quizá a aquellas con más medios.

Jesús Niño ha explicado que muchos docentes sufren ansiedad, estrés, depresión y llegan a replantearse seguir en la profesión, y ha abogado por estrechar la relación entre ellos y los padres.