Huyen de la guerra y de la miseria crónica. No tienen ni 18 años cuando dicen adiós a sus familias y se lanzan al mar en busca de un futuro mejor. Sin embargo, la realidad cuando llegan a España solos e indocumentados, después de haber arriesgado la vida, es otra: viven hacinados hasta los 18 en los centros de acogida, desbordados desde hace meses porque las llegadas de los menores migrantes (denominados menas) son cada vez más frecuentes y numerosas.

Solo hay que echar un vistazo a los datos: 3.997 estaban inscritos bajo tutela o acogimiento de los servicios de protección en 2016, una cifra que aumentó hasta los 6.414 en 2017... y que se queda obsoleta y minúscula si la comparamos con los datos que maneja ahora Interior. Hasta septiembre de 2018 figuraban en el registro 11.174 menas. Se trata de un incremento del 75% respecto al año anterior.

"España se ha convertido en 2018 en el primer punto de entrada de flujos migratorios de la UE, por lo que el número de menores que viajan también ha aumentado", explica a 20minutos Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save the Children. "Este incremento es consecuencia de la inadecuada atención y oportunidades de vida que tienen los menores y adolescentes en sus países de origen, o debido a situaciones de violencia y conflicto". Zuppiroli achaca también este aumento a la "estricta" política de visados y reagrupaciones de la UE. "Muchos de los menores y adolescentes que tienen familia en España y en Europa no tienen otra posibilidad de reagruparse con sus parientes que la de entrar por vías irregulares".

Andalucía, que en septiembre tutelaba a 5.621 de estos adolescentes (más de la mitad) y Melilla (1.090) son las más afectadas, puesto que representan el punto de entrada al país. "Tutelan a más del 50% y nos encontramos con situaciones en las que no cumplen los estándares mínimos de acogida y protección". Las complicaciones a las que se enfrentan los centros de toda España son dos: "insuficiencia de las plazas para proporcionar acogida de calidad y lentitud de muchos de los procedimientos".

Andalucía. El problema se agrava cada fin de semana con la llegada de una nueva patera. CC OO-A ya denunció en agosto la situación "límite" que vivían entonces los centros andaluces y en septiembre el fiscal de Sevilla Daniel Valpuesta los tildó de "almacenes de niños". Ante esta situación, la Junta aumentó en 100 las plazas. Pero los menores siguen llegando y los centros se quedan pequeños.

En Cataluña (1.074 menas tutelados), la congestión ha llegado a dejar imágenes de adolescentes durmiendo en comisarías por la falta de espacio de los recintos, así como para recortar la estancia en dependencias de los Mossos d'Esquadra, encargados de la identificación de los menores y avisar a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia). Una de las comisarías, de hecho, llegó a cerrar parcialmente por el contagio de sarna. El sindicato de los Mossos SAP-Fepol lamentó "la crisis que se ha abierto respecto a la desprotección de menores no acompañados". Por ello, la Generalitat abrió dos emplazamientos en Barcelona (con 80 plazas de emergencia y 30 de primera acogida e integración) con el objetivo de que "ningún niño duerma en la calle". La idea es abrir hasta seis.

Valencia (564) también vive su propio drama. El PP y el Consell arrastran meses de disputas por este asunto. "Tienen el doble de usuarios permitidos, menores durmiendo en colchones en el suelo, falta de atención formativa y graves problemas de convivencia", critican los populares. El Consell, por su parte, asegura que trabaja desde el inicio de legislatura en "dignificar el trabajo y la atención a los niños y niñas tutelados por la Generalitat con el incremento de plazas, recursos y personal en los centros de acogida".

Así, el Gobierno destinó una partida de 40 millones para tratar de aliviar la situación, aunque su reparto varía de unas comunidades a otras. Madrid, por ejemplo, solo recibirá 1.500 euros (1,3 euros por menor), lo que llevó al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, a amenazar con llevar a los tribunales esta situación. Y es que los centros de la capital también sufren problemas de sobreocupación. El más mediático es el de Hortaleza, que ha llegado a cuadruplicar su capacidad. De hecho Inspección de Trabajo ha requerido a la Comunidad la reducción urgente del número de plazas.

"No somos un centro exclusivo de menas, somos un centro de primera acogida para la infancia madrileña, pero no estamos haciendo nuestro trabajo, estamos agolpando chavales", denuncian sus trabajadores. "El 99% de los que vienen son menas, no ingresan chavales nacionales con problemas de abuso o los que se quedan sin tutela, por ejemplo. Estamos para proteger a la infancia, pero no lo estamos haciendo. El sistema de protección de menores está cojo".

Ese es solo uno de los muchos problemas que enumeran, como por ejemplo que los chicos duerman en el suelo, que estén sin clase por falta de espacio, que muchos hayan estado durmiendo en un edificio abandonado, el brote de sarna o su exposición a la violencia. "Violada y violador conviven en el mismo centro", cuentan los trabajadores. "De 140, son 10 los conflictivos. Y como son menores, ha habido días que nos hemos vuelto de la Fiscalía con violada y violador, con maltratador y maltratado, con acosador y acosado. Tenemos tres trabajadoras de baja". Como solución, la Comunidad está tratando de habilitar un chalet en Pozuelo de Alarcón que incumple la normativa urbanístima. "Nadie los quiere", critican los educadores. Todo ello mientras los chicos cuentan los días que les faltan para cumplir 18, cuando seguirán solos pero esta vez en la calle.