No hay recursos alternativos. Este es el motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido paralizar temporalmente los desahucios de las viviendas sociales ocupadas por razones de "necesidad". La delegada Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras anunció que los lanzamientos de la empresa Municipal de Vivienda y Suelo quedarán "suspendidos" hasta que se desbloqueé la falta de "opciones alternativas". En total se paralizan 21 casos.

Desde el inicio de la legislatura se han adjudicado 2.456 viviendas que se encontraban vacías. Y a 31 de marzo se habían registrado 21.837 personas inscritas correctamente en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda de la EMVS. De ellos, 15.000 tienen ingresos inferiores a 500 euros.

En la actualidad, la EMVS, que se ocupa de la construcción y la promoción de la vivienda social dispone solo de un parque de 6.061 viviendas tras las ventas realizadas por los anteriores gestores. Asimismo, la Empresa Municipal solo cuenta con apenas 300 inmuebles vacíos, de los cuales 134 serán adjudicados en la Comisión que se celebrará este viernes.

Dentro de los solicitantes predominan las peticiones individuales, de personas entre 25 y 35 años y que cobran menos de 0,75 veces el IPREM. Esto es, menos de 403 euros al mes. Además, las familias monoparentales y las familias numerosas son los dos grupos más inscritos en el sistema.

Con todo ello, solo se desarrollarán lanzamientos para "recuperar viviendas usurpadas que están asignadas a otras familias cuando existen recursos habitacionales alternativos", y cuando los ocupantes no cumplen con los criterios de regulación excepcional de situaciones de ocupación aprobadas en el Consejo de la Administración de la EMVS en septiembre del 2016.

La delegada explicó a 20minutos que el Consistorio está obligado a "denunciar penalmente la ocupación de viviendas sociales para recuperarlas", pero que ha decidido priorizar "la situación de vulnerabilidad de cada familia".

En este sentido, defiende el hecho de que se produzca el alzamiento "solo cuando haya una alternativa que ofrecer", y sostiene que esto "no supone un cambio" en la política de vivienda.

A esta posición se suma Francisco López, portavoz de la EMVS. "Hay que tener en cuenta que las alternativas han servido para reubicar refugiados", comenta, pero el proceso "simplemente se para" y se podrá retomar cuando sea posible ofrecer "alternativas". López niega que quienes ocupen las casas tengan "preferencia de algún tipo" porque "están cometiendo un delito; leve, pero delito".

Higueras recordó que la empresa no realiza lanzamientos cuya causa sea "exclusivamente la falta de pago y la consiguiente imposibilidad de hacerse cargo de las deudas contraídas". En ese caso, se llevan a cabo "aplazamientos o adaptaciones" en los pagos.

La decisión de la máxima responsable de la empresa pública llega dos semanas después de conocerse un manifiesto firmado por varios ediles del Gobierno de Manuela Carmena como Rommy Arce, Pablo Galcerán o Montserrat Galcerán que pedía que no se desahuciase a las familias.