En un momento en el que crecen las protestas vecinales por la inseguridad en Barcelona y ante datos del Ministerio del Interior que muestran que los hurtos aumentaron un 22,7% en la ciudad durante el primer semestre del año en relación al mismo periodo de 2017, el gobierno municipal de Ada Colau ha sacado este miércoles pecho por su tarea contra los narcopisos. El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha afirmado que desde enero de 2017, cuando se intensificó la lucha para hacerlos desaparecer, se han cerrado 103 gracias a los operativos conjuntos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra –47 el año pasado y 56 desde principio de año, según han detallado después fuentes municipales–. Además, ha dicho que estos cierres han comportado la detención de 130 personas.

Recasens ha hecho públicas estas cifras durante la comisión en el Ayuntamiento de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención, donde también ha asegurado que desde enero de 2017 se han clausurado 51 clubs cannábicos y que los arrestos en general se han incrementado un 14% en Barcelona desde principios de año respecto a los mismos meses del año anterior. Aún así, ha reconocido que en la ciudad se producen 21 delitos por hora, después de que así lo apuntara el grupo municipal del PDeCAT.

Para luchar contra la delincuencia, ha dicho, la Junta Local de Seguridad de la próxima semana abordará la nueva estrategia de coordinación entre la policía catalana y la Guardia Urbana, y además, él se reunirá con la vicedelegada del Gobierno español en Barcelona.

Recasens, sin embargo, ha afirmado que también es necesaria la ayuda de la Generalitat para que aumente el número de agentes de los Mossos d'Esquadra, y ha reclamado a la oposición que lo exija en el Parlamento, pero esta ha insistido en que lo que hace falta es parar la eliminación de la Unidad de Apoyo Policial (USP) de la Urbana –a la cual se atribuyen funciones antidisturbios– prevista por el gobierno de Colau. Los grupos municipales han aprobado tres proposiciones del PSC, el PP y Ciudadanos que piden que se ponga freno al "desmantelamiento" de este equipo, formado por 150 efectivos, y que se le dote de más recursos, y han acusado la alcaldesa de querer hacer una "purga" y una "selección de personal encubierta".

Por su parte, el comisionado de Seguridad ha respondido que la disolución de la USP es un cambio recogido al Plano Director de la Urbana, que fue elaborado por miembros de la misma policía municipal, y ha pedido no "minusvalorar" su trabajo.

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha apuntado que "de octubre de 2017 a marzo de 2018 se cerraron muchos más narcopisos de los que había inicialmente". "Si no tuviéramos pisos vacíos –los narcotraficantes los ocupan– ya habríamos acabado con los narcopisos", ha señalado.

Pin, ha explicado a 20minutos.es que durante la reunión que mantuvo este martes el gobierno municipal con la plataforma Tsunami Vecinal, formada por unas 25 entidades de cinco distritos que sobre todo denuncian el aumento de la delincuencia, se comprometieron con los vecinos a revisar el mapa de puntos negros de inseguridad a la ciudad. "En las mesas de Seguridad y Prevención lo trabajaremos más en profundidad y nos aseguraremos que tenemos detectadas todas las zonas que nos indican ellos", ha dicho.

Ha apuntado, sin embargo, que "desgraciadamente la seguridad ciudadana es un tema de los Mossos" y que es necesario "aumentar los efectivos" de la policía catalana. "Cómo no tenemos bastantes, es más complicado que la Guardia Urbana haga la tarea preventiva que piden los vecinos, porque tiene que hacer un trabajo reactivo", ha afirmado, y también ha pedido a la Generalitat "que habilite otro juzgado", porque "uno de los problemas es que hay muchas detenciones por hurtos pero los tribunales no dan abasto".

Por su parte, Jordi Pujol, portavoz de La Barceloneta en Lucha, una de las asociaciones que forman parte del movimiento Tsunami Vecinal, ha explicado que durante el encuentro, que contó con la asistencia de Colau, el gobierno municipal "asumió que hay muchos problemas a solucionar" y prometió "ponerse manos a la obra".

Dentro de un mes, estos vecinos y el Ayuntamiento tienen previsto reunirse otra vez. "Si no vemos adelantos, nos volveremos a manifestar como lo hicimos el pasado 15 de septiembre", ha asegurado Pujol.