No sé si a estas alturas habrá dimitido ya el fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix. Si no lo ha hecho, le quedarán horas para dejar un cargo en el que ha estado apenas tres meses salpicados de polémicas. Hasta para un Gobierno que ha decidido soportar el escándalo de las maniobras en la Fiscalía con tal de tener a alguien de confianza al frente de Anticorrupción era demasiado mirar para otro lado ante una empresa offshore. Descubierto el pastel, no hay salida.

Ni el guionista más retorcido podía alumbrar una historia como la que ayer repicaban las webs de toda la prensa europea: el fiscal anticorrupción de España es copropietario de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. En el paraíso fiscal por excelencia, en Panamá. Demasiado incluso para Mariano Rajoy, Rafa Catalá o José Manuel Maza, que hace solo unas semanas consideraron irrelevante que un presunto corrupto, Ignacio González, calificara de cojonudo el nombramiento de Moix.

Solo desde la sensación de impunidad más absoluta puede alguien aceptar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción sabiéndose copropietario de una empresa offshore. Por mucho que la hubiera aflorado y pagado sus impuestos como asegura. O quizás no sea sensación de impunidad, sino algo más profundo. El caso Moix permite completar el modus operandi y el retrato psicológico de ese microcosmos de algunos políticos, empresarios o altísimos funcionarios públicos que se han creído los dueños del cotarro durante años y han interiorizado una forma de actuar que se ha vuelto insoportable para la opinión pública. Y van cayendo las leyendas que ellos mismos han hecho circular para protegerse.

Durante un tiempo llegamos a creer que las corruptelas fueron producto de una época de abundancia, desmadre del ladrillo, pelotazos y lluvia de millones. Pero no. La Púnica nos enseñó que la sangría de dinero público en la comunidad de Madrid se hacía con una mano mientras con la otra se firmaban recortes de gasto público en Sanidad o Educación.

La relación interminable de casos –Gürtel, Púnica, Caja B, Lezo, Mercasa, Pitufeo o Auditorio– desmontó también la teoría, que todavía hoy sostiene el Gobierno y el PP, sobre los casos aislados que casualmente se habían producido todos en el mismo partido y a lo largo de muchos años.

Y el caso Moix demuestra que su concepto de la honorabilidad exigible a quien representa los poderes de Estado limita exactamente con su bolsillo. O Moix dormía cada día torturado por la posibilidad de que alguien descubriera su secreto. O dormía a pierna suelta porque considera que los paraísos fiscales no son algo tan execrable. Él, que debe perseguirlos.