La amnistía fiscal aspiraba a aflorar 2.500 millones, una décima parte de la economía sumergida. La realidad fue distinta, solo afloraron capitales por algo menos de 1.200 millones, una vigésima parte de esa economía.

Como antecedentes, en 1977 se afloraron todos los activos incluidos en la declaración de bienes que se adjuntó con la primera declaración del IRPF. En 1984, el ministro Miguel Boyer excluyó la identificación de los inversores de pagarés del Tesoro a cambio de una retención del 45% del interés en la suscripción, haciendo la vista gorda sobre el dinero negro invertido en pagarés. Más tarde, en 1991, una nueva amnistía afloraba dinero negro mediante la suscripción de una ‘deuda pública especial’ a bajo interés y cautiva durante seis años.

Las amnistías no logran reducir la economía sumergida. Así, si en 1991 rondaba el 19,9% del PIB, a mediados de esa misma década era del 20,1%, en 2000 alcanzaba el 20,9%, y actualmente se estima en el 24,6%. Es decir, todas las amnistías demostraron tener escaso poder de convicción en la conducta futura de los defraudadores.

Se han conocido varios ejemplos de personas que se acogieron a la amnistía de 2012 y están siendo investigadas por defraudaciones tributarias posteriores.

Los técnicos de Hacienda sabemos que quien se acoge a una amnistía es porque siente que va ser descubierto, pero la amnistía no cambia su actitud frente al fraude, ni le hace ser más solidario que cuando defraudó. Además, con la amnistía el Gobierno reconoce implícitamente la incapacidad de la AEAT para reducir el fraude y la evasión.