El problema en Murcia no es la falta de respeto a la presunción de inocencia: es que algunos intentan acogerse a la presunción de impunidad. Viene de lejos. La convicción de que los desmanes propios van a quedar sin castigo es una enfermedad del poder de la que empezamos a advertir primeros síntomas en tiempos de Mario Conde y Luis Roldán. Alcanzó rangos epidémicos en los últimos años del siglo pasado y en los primeros del actual, los años locos de la especulación, la burbuja y el despilfarro.  Fueron muchos, muchísimos, los que llegaron a acumular tanto poder, a manejar tantos recursos, a tener tantos pelotas alrededor y tanta capacidad de decisión sobre vidas y haciendas ajenas, que pensaban que podrían hacer siempre lo que les diera la gana. De esos polvos vienen estos lodos. Todavía hay algunos que creen que su poder los protege, aunque no todos tengan el valor de decir lo que dijo Jordi Pujol, paradigma de la presunción de impunidad, cuando se vio señalado:

-Si vas segando una parte de una rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las demás ramas.

Hay que estar muy seguro, muy convencido de la propia fuerza, para decir esas cosas. O muy tocado por el Síndrome de Presunción de Impunidad, una enfermedad social y política para la que sólo hay un remedio conocido: la justicia.

De todos los elementos del Caso Murcia, que ha propiciado la dimisión del presidente Sánchez, ése es el más preocupante. ¿Por qué están todos en su partido tan convencidos, desde el minuto cero, de que va a salir limpio de las investigaciones que le acechan? ¿Por su bondad natural, por sus buenas relaciones con los jueces o por alguna otra razón? Y si él mismo está convencido, como parece ¿por qué no dio un paso adelante, antes de que lo obligaran, abriendo de par en par las puertas a la justicia y quitándole problemas a Rajoy? Lo tenía muy fácil: bastaba con aplicar el pacto que había firmado. "Es que los de Ciudadanos han elegido la interpretación más dañina para mi partido", dice ahora. Ya, pero ¿no vamos a hablar nunca de la interpretación más beneficiosa para una región que desde hace décadas espera justicia?

De los 45 municipios murcianos, 35 están o han estado inmersos en investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción urbanística o delitos medioambientales. Según ese recuento, elaborado por la oposición, en todos esos casos excepto dos están involucrados alcaldes o concejales del Partido Popular, que gobierna en la región desde hace más de veinte años y controla casi todos los ayuntamientos. ¿Supone eso presunción de culpabilidad de Pedro Antonio Sánchez? No, en absoluto. El señor Sánchez sigue siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario.  Pero en los tiempos que corren no basta con sentirse inocente ni con hablar de regeneración: hay que manifestar con los actos esa voluntad regeneradora. Entre otras cosas, porque si no lo haces tú lo harán quienes con su apoyo te permiten estar en el cargo.

El caso de Ciudadanos, cuyos dirigentes, en ese asunto, se han ganado el sitio y el sueldo. El PP, por el contrario, ha perdido una buena ocasión de expresar su vocación regeneradora y ha hecho lo de siempre: negar la mayor, poner la mano en el fuego, arropar al presunto y mantenerlo en el despacho hasta que no quedaba otro remedio, para finalmente dejarlo caer  y acompañarlo en su caída con esos ejercicios de postverdad que ya empiezan a ser clásicos: no se ha ido por las sospechas de corrupción, dicen, se ha ido "por generosidad". Como si no pasara nada. Como si no hubiera dos jueces (uno, de la Audiencia Nacional) hablando de prevaricación, malversación, cohecho, fraude, revelación de información…

La postverdad es otra enfermedad de la política contemporánea. Es más divertida, pero no menos grave que ese rescoldo de los tiempos del todo vale que sigue siendo la presunción de impunidad.