Entre tanto disparate como está dándose cita en Cataluña, cuando ya estamos en la cuenta atrás del 1-O, ha pasado casi inadvertido un encuentro celebrado el pasado lunes en Sants en el que iban a intervenir —imagino que lo hicieron— el diputado de Convergencia David Bonheví junto a Gabriel Rufián, de Esquerra. El lema de la convocatoria era ya más que discutible; era demagógico, mentiroso y, sobre todo, discriminatorio: "Las personas con discapacidad también dicen 'sí' a República Catalana". El hecho de que el diputado Bonheví sea discapacitado y vaya en silla de ruedas no solo no justifica nada, sino que, a mi juicio, agrava aún más el error. Pero es normal que otros asuntos ocupen las portadas, porque cuando se intenta convertir la delación en virtud proponiendo a la ciudadanía hacer listas de los desafectos a la causa, cuando se hacen pintadas en los escaparates de determinados comercios y se tacha de fascista a un tipo como Serrat, es que se ha perdido algo más que la razón: se ha perdido el sentido de lo moral.

No voy a opinar aquí sobre el soberanismo ni es mi intención denunciar una ideología; se trata sencillamente de defender algo que todos los colectivos de discapacitados y sus familias y hasta los políticos de todos los colores predican a diario: la necesidad urgente de integración de estos grupos en el resto de la sociedad como unos ciudadanos más de pleno derecho, que es lo que son. En ese sentido la reunión de Sants —y su mensaje— me parecen totalmente discriminatorios: "Las personas con discapacidad también dicen 'sí'…". ¿Y por qué dan por hecho que los discapacitados van a decir 'sí'? ¿Por qué los organizadores se arrogan la intención de todo un colectivo? Ahí entra la conciencia. Nadie haría un mitin afirmando que los pasantes de notaría, los gestores o los autónomos van a decir 'sí'. Dirán lo que quieran. ¿Por qué entonces se dirigen a los discapacitados? ¿Es que acaso son un colectivo distinto al resto de los ciudadanos?

El diputado Bonheví debería saber todo esto mejor que nadie y debería saber también que nadie, ni yendo en silla de ruedas, tiene derecho a erigirse en portavoz de las ideas de todos los discapacitados dando por hecho que, como colectivo, van a decir 'sí' o 'no' a nada. No es ético y, menos aún, que sea "uno de los nuestros" —seguramente con buena voluntad— el que lidere una determinada posición en nombre de todos.

No quiero dudar de la buena intención que llevó a los soberanistas a la reunión de Sants, pero cuestiono todo lo demás: desde el hecho mismo de segregar como grupo a los discapacitados —los jubilados son otra historia— hasta la afirmación mentirosa de la convocatoria. Fue un doloroso error, lo reconozcan o traten de explicarlo.