La jueza que investiga las presuntas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha enviado un burofax al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en el que le comunica su imputación.

Fernández ha recogido este lunes el citado burofax, ha informado el propio exconsejero, quien ha subrayado que está "absolutamente tranquilo" porque su gestión al frente de la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2010 fue "transparente".

En el burofax, la juez insta al exconsejero a designar a un procurador y un abogado para personarse en estas diligencias en calidad de imputado.

"No estoy citado a declarar en ninguna fecha, sólo se me conmina a nombrar procurador y abogado para que siga la causa y saber de qué y quién me acusa", ha recalcado Fernández.

El exconsejero ha insistido en que está "tranquilo" porque "ni conocí, ni autoricé, ni aprobé ninguna de las cuestiones que están saliendo", en referencia a la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas.

En la actualidad, Fernández preside el consejo regulador de la denominación de origen del Jerez y está prejubilado en un ERE de las bodegas jerezanas Gonzalez Byass.

Por su parte, la dirección del PSOE andaluz ha asegurado que la imputación del exconsejero es una "garantía procesal" y ha vinculado su permanencia en el partido a las próximas actuaciones judiciales.

"Todos sabemos que esto es una garantía procesal en este país y que hay que dejar que la Justicia siga su procedimiento. Vamos a ser respetuosos y a esperar a que actúe la Justicia porque ahora Fernández tendrá la oportunidad de defender su inocencia", ha dicho Susana Díez, la secretaria de Organización del PSOE andaluz.