La Junta ha cifrado este jueves en 146 los casos irregulares detectados en los ERE financiados por la administración andaluza, un asunto por el que la oposición (PP e IU) ha apuntado a la responsabilidad política del presidente José Antonio Griñán, al que ha reclamado que permita una comisión de investigación.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha comparecido en comisión parlamentaria para informar, a petición propia, de los resultados de la investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos.

Recio ha elevado a 146 los casos irregulares, ya que según ha precisado se han analizado los datos de 64 empresas, de las que 32 presentan 146 irregularidades. Un total de 59 casos (1,12%) son "ajenos a las empresas, es decir, son los llamados presuntos intrusos, mientras hay 87 casos que se consideran "discrepancias administrativas", es decir trabajadores que sí tienen vinculación laboral con la empresa, pero sobre los que los funcionarios que han llevado la investigación interna "no tiene total certeza".

La investigación tienen aún pendiente por analizar 290 expedientes de cuatro empresas, que terminará en breve y toda la documentación ha sido remitida al juzgado que investiga el caso. Tras el detalle de estos datos, el titular de Empleo ha anunciado el inminente cambio en la normativa para conceder las ayudas a las empresas en crisis y a trabajadores afectados por los expedientes de regulación.

El consejero de Empleo ha defendido la labor de sus antecesores en el cargo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, al sostener que hicieron "lo mejor que sabían hacer en unas circunstancias y sobre una política sociolaboral de la Junta que ha permitido el apoyo a trabajadores y empresas en crisis".

También se ha referido al informe de la Intervención General de la Junta de 2005 que expresó su "disconformidad por inadecuado" con el procedimiento de concesión de las ayudas, lo que -en su opinión- "no implica irregularidad o procedimiento ilícito", y calificó el informe de "contradictorio".

Dicho informe se realizó siendo José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda, del que dependía la Intervención y ha provocado que el PP haya dicho en varias ocasiones que el actual presidente "conocía y tapó" las irregularidades, extremo que ha rechazado tajantemente Recio, que ha acusado al PP de "perseguir a socialistas al estilo de la Inquisición, en lugar de perseguir la verdad".

En una abarrotada sala de comisión y con una inusual espectación mediática y política, el diputado del PP-A, Antonio Sanz, no ha dudado en señalar que el cambio de procedimiento para la concesión de estas ayudas "responsabiliza" de manera directa al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su predecesor, Manuel Chaves, para quienes ha pedido su dimisión.

"Cambian el procedimiento porque le hemos pillado con las manos en la masa. Esto supone acusa a Griñán negligencia, consentimiento y participación en la irregularidades", ha sentenciado. Además, el portavoz popular ha recriminado a Recio que centren la responsabilidad en el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, -quien habló de un "fondo de reptiles" para estas ayudas, aunque luego se retractó- y le ha recordado que se trata de un excargo público que "ustedes han mantenido durante nueve años".

Para el PP, la situación de Recio es "insostenible" porque cada vez que comparece "se duplica" el número de fraudes. Pedro Vaquero, de IU, ha acusado a la Junta de crear un "cortafuego" en la dirección general de Trabajo para "evitar" dirimir las responsabilidades políticas, lo que le ha llevado ha reclamar de nuevo una comisión de investigación, rechaza ya tres veces por el PSOE en el Parlamento.

Tras recordar que existía "una zona de penumbra" que ha posibilitado el "choriceo" de los fondos públicos, Vaquero ha añadido que si Griñán por entonces era el responsable de Economía del Gobierno andaluz "tendrá que aclarar si ha habido negligencia suya o de algunos de sus subordinados".