No era la primera vez que iba a Ruanda. En aquella ocasión llevaba sobre el terreno unos tres meses; de nuevo, con Médicos del Mundo. Mª Flors Sirera, manresana de 33 años, cooperante, murió asesinada a tiros en 1997 junto a dos de sus compañeros, presuntamente a manos de soldados del Ejército Patriótico Ruandés (APR), el brazo armado del Gobierno del presidente Paul Kagame. Así consta en el auto del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que en 2008 procesó y ordenó la detención de 40 miembros de la cúpula del Gobierno ruandés por, entre otros delitos graves, los asesinatos de nueve españoles entre 1994 y 2000.

"¿Has visto la película Hotel Rwanda? Pues era lo que pasaba. Allí iban a trabajar profesionales de primera fila, no estaban de vacaciones. Salían por la noche en coche con las luces apagadas a recoger cadáveres".  El hermano de Mª Flors, Josep María, recuerda al otro lado del teléfono lo que su hermana contaba a su familia, cuando podía, acerca de cómo era su trabajo humanitario con los refugiados. Casi siempre en cartas y de vez en cuando por teléfono, cuando nadie escuchaba. Mª Flors llegó a convertirse en un testigo incómodo de las matanzas que se venían sucediendo desde 1990 -en medio, en 1994, tuvo lugar el genocidio hutu-, y eso le costó caro.

"Estaban molestando. A veces, nos decía de repente 'tengo que colgar, porque si me oyen…'", explica Josep María. El día antes de su muerte había hablado "más de la cuenta" para una radio local y estaba "nerviosa", añade. Cree que si su hermana hubiera viajado hoy a Ruanda estaría viva. ¿Por qué? "El mundo ha cambiado, es más transparente", asegura. Los autores del crimen se lo hubieran pensado dos veces antes de actuar, opina, "no puedes hacer lo que quieras en tu casa, porque luego vas fuera y te señalan, la situación es distinta". Además, todo se acaba sabiendo, como las trabas que, supuestamente, ha sufrido el proceso judicial desveladas por 20minutos.es a partir de la información contenida en varios cables filtrados por Wikileaks.

"Empiezas a pensar sobre ello y te quedas corto", dice Josep María que, a pesar de conocer a la perfección las cuestiones tangenciales del caso –"¿Sabes que el ex primer ministro Tony Blair ha sido asesor de Kagame?"-, está convencido de que al final se hará justicia. Las últimas revelaciones, así como otros procesos en el extranjero como el del general Videla en Argentina por los niños robados durante la dictadura, le animan: "Digamos que estos delitos no prescriben, el tiempo corre a nuestro favor, pero no es una cuestión de revancha, sino de que determinados organismos de poder no cometan barbaridades".

El proceso, sin embargo, es lento, "hay que esperar". La querella se interpuso en 2005, ocho años después de los hechos. Fue obra del abogado Jordi Palou y el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos -promovido por Juan Carrero Saralegui y el premio Nobel Adolfo Peréz Esquivel, entre otros-, "gente auténtica", según Josep María. Antes de que ellos lideraran la lucha en los tribunales, las perspectivas eran más bien escasas ante un posible proceso "económica y psicológicamente inviable" para cualquiera. "Confías en que la Policía, la de tu país, esclarecerá la situación, pero se nos pasó muy poca información y la que llegaba no era muy creíble". Entonces, relata Josep María, "aparecieron ellos -el Forum- y han llegado hasta aquí".

La lucha, no obstante, debe ser una responsabilidad compartida entre "jueces, periodistas y cooperantes", dice; a los primeros, incide, "hay que dejarles trabajar". Las revueltas en el mundo árabe y el rechazo a Gadafi por parte de las potencias occidentales le hacen incluso pensar que todo el trabajo legal "ya hecho" contra Paul Kagame -que no puede ser procesado porque es presidente y tiene inmunidad- pueda ser utilizado algún día por los que hoy "teóricamente" le protegen, pero para darle la espalda según los "intereses" del momento.

Uno de los procesados por el juez Andreu en 2008, Kayumba Nyamwasa, se encuentra en Sudáfrica. El Gobierno español pidió su extradición en septiembre de 2010, pero hasta ahora sólo ha obtenido silencio. Este lunes, la plataforma de organizaciones Basta de impunidad en Ruanda ha anunciado en rueda de prensa la remisión de sendas cartas certificadas y con acuse de recibo al presidente sudafricano, Jacob Zuma, y al portavoz del Congreso del país africano, para que atiendan la demanda española en base a la obligación exigida por varios convenios y tratados internacionales.  Sus argumentos, "civiles y legales",  están avalados por más de 40 colectivos, entre ellos, Médicos del Mundo y la Coordinadora Estatal española de ONG para el desarrollo.

También han puesto su firma organizaciones de Holanda, Bélgica, Italia, Argentina, EE UU y Canadá, "casi toda la diáspora hutu y tutsi" y, por supuesto, los familiares de las víctimas y sus representantes legales. El documento tenía que haber sido entregado también en mano a un representante de la embajada de Sudáfrica en Madrid, que ha decidido cancelar la cita "a última hora". La plataforma asegura que llevan un mes intentando ser recibidos y creen que las filtraciones de Wikileaks "han levantado ampollas". Nyamwasa, explican, es -además de un acusado- "un testigo muy importante" en el caso de la Audiencia Nacional, y por eso reclaman una mayor "presión de la sociedad civil" para lograr su extradición; reclaman, un "debate público".

Asimismo, exigen una respuesta del Gobierno -"está obligado moralmente", dicen las ONG- a las revelaciones hechas por 20minutos.es sobre las presiones de EE UU y enmarcan sus últimos pasos en un "juego político", aunque les consta que hacen progresos "pasito a pasito". "Ninguno estamos al cien por cien sorprendidos por todo esto", señala Susana Sanz, coordinadora de la plataforma, que destaca la indignación de las familias, que tratan hoy de mantenerse en un segundo plano. El "vacío informativo", según José Julio Martín Sacristán, director de Fundación Sur, es otro obstáculo constante en la causa. Por el momento, ambos se declaran "expectantes" tras la reavivación del caso y esperan novedades en los próximos días. Para empezar, este mismo mes el presidente ruandés tiene prevista una visita a París.