Los grupos parlamentarios de PSOE y PP han confirmado en el Pleno del Congreso de los Diputados su rechazo a tramitar una proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que con la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar el préstamo.
La iniciativa contemplaba también la "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratosAmbas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.
La iniciativa, que sólo ha recabado el apoyo del BNG, contemplaba también la "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamo hipotecario.
Se esperan 300.000 embargos
La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha defendido que el coste de este cambio legal sería de 15.000 millones de euros, una cifra "muy inferior" a las ayudas públicas recibidas por la banca española en el marco de la crisis. "El problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar", ha afirmado, señalando que para este año se esperan 300.000 embargos.
El PP votó en contra tras calificar de "desproporcionados e injustos" los procedimientos de ejecución hipotecariaLa portavoz de Vivienda en el PSOE, Ana Fuentes Pacheco, ha rechazado un cambio normativo sobre esta cuestión más allá de medidas "puntuales" y "coyunturales" para contrarrestar el impacto de los embargos de parados y contrarrestar el "sobreendeudamiento", como las que el Gobierno "ya está aplicando".
Por su parte, el diputado del PP Pablo Matos ha asegurado que ve pertinente actuar sobre los "desproporcionados y tremendamente injustos" procedimientos de ejecución hipotecaria, pero ha argumentado su rechazo a la iniciativa ya que la iniciativa vulnera las competencias autonómicas provocando "más gasto, más déficit y más intervencionismo".
La FEMP pide cambios
Un día antes de que el Congreso rechazara la posibilidad de que la entrega del piso salde la hipoteca, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunciaba que va a pedir al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
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