La Comunidad Islámica de España, integrada por la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), cree que con la nueva Ley de Libertad Religiosa, que restringirá el uso del burka en espacios públicos, el Gobierno va a legislar sobre un tema que, a su juicio, "no existe", pues afecta a "tres o cuatro casos", y considera que el burka no atenta contra la dignidad de la mujer, ya que es una decisión "personal".

"Estamos tratando un tema que no existe", afirmó este martes el presidente de la Ucide, Riay Tatary, quien añadió que el uso de esta prenda es una decisión personal y que "las chicas lo eligen con total libertad".

No obstante, Tatary se mostró de acuerdo con que se restrinja su uso a la hora de identificarse. "Si alguien se presenta en algún sitio donde tiene que identificarse, tiene que mostrarse", detalló.

Por su parte, el presidente de la Feeri, Mohamed Hamed Alí, aseguró que el burka "no es estrictamente una obligación en el Islam ni un tema religioso sino más bien cultural". "Lo único que entendemos como obligatorio en el Islam es el pañuelo normal y corriente", puntualizó, al tiempo que añadió que no ve "trascendente" legislar sobre este tema.

Mohamed Hamed Alí coincidió con Riay Tatary al señalar que "no atenta contra la dignidad". También subrayó que, aunque lo considera una cuestión personal, si alguien obliga a la mujer a cubrirse toda la cara y el cuerpo "ya es un delito, es atentar contra la libertad personal".

Seguridad

El presidente de la Asociación Islámica Al Ándalus de Málaga y consejero de la Federación Musulmana de España (FEME), Félix Ángel Herrero, avisó por su parte de que "no es un ayuntamiento, sino el Estado" el que tiene capacidad para legislar sobre el uso del burka por motivos de seguridad.

Herrero manifestó que la prohibición del uso del burka por motivos de seguridad ciudadana, como alega el Ayuntamiento de Coín (Málaga), es competencia estatal. Además, se mostró "de entrada" contrario a la utilización del burka porque "impide identificar a una persona", de la misma forma que puede hacerlo "una careta, una capucha o una media".

Por ello, declaró que la norma debería ser más amplia y abarcar todas aquellas prendas o accesorios que implican ir "enmascarado", ya que de lo contrario debería prevalecer el derecho a "vestir como cada uno quiera". Sobre la necesaria igualdad de sexos que también esgrime el Ayuntamiento de Coín, Herrero dijo que impedir estas prendas supone "desigualdad" de la mujer, ya que no puede llevarlas mientras que otra persona sí podría ir encapuchada.

Herrero cree que los ayuntamientos tienen "muchos problemas que solucionar" antes que "ponerse a legislar sobre algo que no existe", aunque precisó que la norma de ámbito estatal debería tener "manga ancha" con el fin de evitar incumplimientos por "ir a trabajar a doce grados bajo cero" muy abrigado. Concluyó señalando que es una prenda que consta que usan seis féminas en España, cuatro de ellas en Madrid.