El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, una norma con la que se pretende que España se consolide entre los países con mayor producción científica del mundo y mejorar la capacidad para que el conocimiento se transforme en riqueza.

La ley, que sustituirá a la anterior de 1986, adaptará el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales del país, al desarrollo del sistema autonómico y a la adhesión a la UE, según el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El departamento que dirige Cristina Garmendia subraya los cambios que se han registrado durante los últimos quince años: un mayor número de investigadores (seis veces más que en 1986) y más fondos dedicados a la I+D+i (catorce veces más que en 1986).

El texto incluye sugerencias de la comunidad científica, universitaria y de los agentes sociales.

La ley de ciencia diseña una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, con el objetivo de retener y atraer talento científico, e incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá incorporarse al sistema público de I+D.

Recoge también la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado y reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado.

Un sistema más eficaz de I+D

La nueva ley contribuirá a crear un sistema de I+D "más eficiente y eficaz" con la creación de una Agencia de financiación, según el Ejecutivo, que cree que este organismo dotará de mayor autonomía, flexibilidad y agilidad a la actividad científica y garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

Además, establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, e incluye para ello instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica.

El proyecto prevé que las administraciones públicas tendrán, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia.

Plantea la creación del Comité Español de Ética de la Investigación, que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas.

Otra de las intenciones es mejorar una de "las carencias" del sistema español de I+D+i: la cooperación entre agentes públicos y privados.

Para ello, el texto prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración para realizar conjuntamente proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, u otras acciones de formación.

"España, que ya es la novena potencia científica, va a consolidarse entre los países como más producción científica del mundo", ha dicho la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros, y ha añadido que el texto incluye dos "importantes" instrumentos de financiación: la agencia y el centro para el desarrollo tecnológico industrial.