Cuatro presos políticos y un psicólogo disidente comenzaron en los últimos días, por separado, huelgas de hambre en Cuba, informaron este viernes fuentes de la oposición y diplomáticos. La protesta se produce después de la muerte, el martes pasado, del preso político Orlando Zapata Tamayo en La Habana, tras un ayuno voluntario de 85 días.
Los presos fueron acusados por el Gobierno de ser "mercenarios" al servicio de Estados Unidos
Los presos son Eduardo Díaz Fleitas, Diosdado Gonzalez y Nelson Molinet, recluidos en la cárcel Kilo 5 de la provincia occidental de Pinar del Río, y Fidel Suárez Cruz, del penal Kilo 8 de la misma región.
Los cuatro forman parte del grupo de 75 opositores condenados a penas de prisión, de hasta 28 años, en la llamada primavera negra de 2003, acusados por el gobierno de ser "mercenarios" al servicio de Estados Unidos.
Díaz Fleitas fue condenado entonces a 21 años de prisión y los otros tres a 20 cada uno.
El disidente en ayuno voluntario es el psicólogo Guillermo Fariñas, conocido como Coco, que ha participado en redes de los llamados "periodistas independientes" y reside en la ciudad central de Santa Clara.
Liberación de 200 presos políticos
Los cinco huelguistas piden la liberación de los aproximadamente 200 presos políticos que hay en la isla, según organizaciones de derechos humanos no reconocidas por el gobierno.
La Comisión de Derechos Humanos les ha pedido que desistan, porque la huelga no tendrá efecto en Raúl Castro
El portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, dijo que les ha enviado mensajes para que desistan de la huelga de hambre, que no aconseja, porque no tienen efecto alguno en el gobierno que preside Raúl Castro.
Según fuentes opositoras, el psicólogo tomó la decisión de comenzar el jueves la huelga de hambre cuando agentes de la seguridad del Estado lo detuvieron y golpearon cuando se dirigía con otros disidentes al sepelio de Zapata.
Decenas de opositores fueron detenidos en los últimos días en toda la isla, o forzados a no salir de sus residencias, para evitar que fueran a Banes, según la Comisión.
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