A pesar de los nuevos encuentros con el Gobierno, los ocho representantes sindicales que mantienen un encierro en la sede del Ministerio de Industria desde la noche del miércoles, han decidido continuar con la medida de presión durante el fin de semana.

Seguimiento total

Al igual que en la jornada precedente, el paro laboral fue prácticamente del cien por cien en el conjunto de explotaciones mineras de León, en el marco de la huelga de 48 horas convocada por UGT y CCOO para forzar al Gobierno a introduzca mejoras en el diseño del futuro Plan del Carbón 2006-2012.

La Autovía del Noroeste (Madrid-A Coruña) a la altura de San Román de Bembibre, la autopista AP-66 (León-Campomanes) en La Magdalena y la carretera Nacional 630 (Gijón-Sevilla) a su paso por La Robla volvieron a ser escenario, como ya ocurrió el jueves, de cortes totales de circulación entre tres y cuatro horas, según los casos.

Esta circunstancia provocó nuevamente que las comunicaciones de la mitad norte de León, con Galicia y Asturias, quedarán colapsadas por cientos de vehículos hasta la disolución de los cortes.

En San Román de Bembibre, donde medio millar de mineros iniciaron el corte de la A-6 hacia las 10:00 horas, varias decenas de agentes antidisturbios protagonizaron hacia las 13:00 horas una carga contra los manifestantes, lo que propició que la circulación retornase a la normalidad de forma progresiva. Sin embargo, pequeños aunque numerosos grupos de decenas de mineros prosiguen periódicas escaramuzas con las Fuerzas del Orden, que tratan de evitar que los manifestantes vuelvan a tomar la calzada para interrumpir el tráfico, si bien se están produciendo ocasionales cortes parciales en la zona.

 Se mantienen los paros

Los sindicatos indicaron que los paros programados para los próximos días 8, 9, 15, 16 y 17 de noviembre se mantienen, aunque no descartan un cambio de postura si se producen avances en las negociaciones del lunes.

Los principales puntos de desacuerdo son las prejubilaciones, que los sindicatos quieren que se generalicen a los 52 años equivalentes -la edad física corregida mediante un coeficiente en función del puesto de trabajo-, y el mecanismo para vincular las ayudas a los días en que haya actividad en las empresas.

Este sistema permitiría penalizar a las empresas en caso de incumplimiento de los objetivos con que se concedieron la subvenciones.

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