El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, avisó hoy de que un eventual recurso del Gobierno central a la ley de cajas de Galicia "confirmaría que el objetivo del Estado es llevar el ahorro gallego fuera del país", al tiempo que ratificaría "la evidencia de que Madrid insiste en su diseño de deslocalizar las cajas".

"Lo que está en juego desde el principio en este debate es el destino de los ahorros de los gallegos", avisó el líder nacionalista, quien lamentó el papel de "quitacolumnista" de Madrid que desempeñan "todos los que se comportan como satélites del Estado", entre los que citó el PSdeG.

"Los socialistas gallegos no tienen una posición de país. Simplemente repiten consignas madrileñas", lamentó, para constar que un recurso de inconstitucionalidad "sería un ataque en toda regla al autogobierno de Galicia" y una demostración de que el Gobierno del Estado "da a Galicia un trato muy diferente al que otorga a otros territorios".

Guillerme Vázquez hizo un llamamiento explícito a la sociedad gallega para que "se mantenga firme" ante el diseño estatal y "defienda sus legítimos derechos frente a una política totalmente contraria a las necesidades del pueblo gallego", proclamó.

Críticas ceca

Al respecto de las críticas vertidas por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), el líder del Bloque mostró su "convicción" de que "son la mejor prueba de que el Parlamento gallego" acertó de pleno al aprobar esta normativa. "Aquello que le critican como negativo es justamente lo más positivo de la ley", subrayó.

Así, defendió que la normativa aprobada en la Cámara autonómica "no es que sea intervencionista, sino que pone fin" a una época en que los poderes públicos democráticos no tenían ninguna capacidad para orientar el sistema financiero del país, y recordó que, precisamente en ese periodo, fue cuando se registró "el origen de la grave crisis" económica.

En este contexto, el portavoz nacional del Bloque emplazó, de nuevo, al Ejecutivo gallego a que "presente un recurso de inconstitucionalidad" contra el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB). "El FROB sí que es inconstitucional, porque representa la violación de competencias que tienen atribuidas en exclusiva las comunidades autónomas", sentenció.