El Congreso ha acordado recomendar que el consumo de alcohol o drogas no sea atenuante en casos de violencia machista, pero tampoco un agravante, como sí recogía el informe de conclusiones de la subcomisión del Congreso sobre violencia machista la semana pasada.

La Cámara Baja también propone que la condena firme por un delito de maltrato conlleve la pérdida de la custodia de los hijos menores pero no del régimen de visitas.

Esta decisión fue acordada por unanimidad este martes por la Comisión de Igualdad, que ha estudiado un informe sobre el funcionamiento de la ley de medidas de protección integral contra la violencia machista en el que se incluyen 50 recomendaciones para la mejora del texto legal.

El informe, que también incluye propuestas de mejora de los medios, la formación y el seguimiento de los casos de violencia machista, será enviado al Gobierno para que impulse los cambios que considere necesarios.

Protección de menores

En cuanto a los hijos menores, la comisión ha acordado proponer que la condena firme por violencia de género conlleve la pérdida de la custodia de los hijos y "se suspendan las visitas cuando haya motivos para ello, entre otros que se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer o cuando los hijos revivan con miedo las situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor".

La comisión modera así las recomendaciones de la subcomisión, que proponía que se perdiera también el derecho a un régimen de visitas.

Entre las recomendaciones aprobadas figura también un paquete de propuestas para "visibilizar" también a los hijos como víctimas de la violencia machista y apoyarles con medios como la asistencia psicológica desde el primer momento del proceso.

Además, la comisión de Igualdad propone que la orden de protección pueda ser extensiva a los hijos y que no se aplique la mediación familiar en casos de violencia machista. El texto también "desmonta mitos falsos como la existencia de denuncias falsas o del Síndrome de Alienación Parental (SAP)", destacó el PSOE.

Además, incluye un apartado con propuestas para impulsar la educación y sensibilización de la sociedad, la formación especializada de las personas involucradas en todas las etapas del proceso de denuncia y la colaboración de los medios de comunicación.

Recomienda incrementar la financiación de recursos destinados a la atención, mejorar la coordinación de protocolos de actuación o contemplar la asistencia psicológica previa.

La tutela judicial también cuenta con un capítulo de recomendaciones y se recogen también propuestas sobre la importancia de incrementar los medios de atención y asistencia a las víctimas y la mejora de los medios y formación de las Unidades Especializadas.