El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado este lunes a los dos detenidos por el secuestro del atunero Alakrana, lo que permitiría juzgarles en 15 días y, en teoría, expulsarles a Somalia, aunque la Fiscalía ya ha dicho que rechaza pactar esa salida y que pedirá más de 200 años de cárcel.
La Ley de Extranjería prevé la expulsión del territorio nacional de los extranjeros procesados o inculpados por delitos de menos de 6 años de prisión
En un auto notificado este lunes, el magistrado procesa a los somalíes Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, pero no por el de asociación ilícita que les había imputado su compañero Baltasar Garzón, pero que la Fiscalía nunca incluyó en sus calificaciones.
La retirada de ese delito, según el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, defensor de Abdu Willy, hace posible que a los dos presuntos piratas se les aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, que prevé la expulsión del territorio nacional de los extranjeros procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión.
Rechazo de la Fiscalía
Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado alcanzar un acuerdo de conformidad con la defensas de los dos supuestos piratas detenidos que posibilite su expulsión de España y pedirá para ellos penas que previsiblemente superarán los 200 años de cárcel, informaron fuentes jurídicas.
La Fiscalía "no se apartará ni un milímetro de la vocación de hacer justicia", aseguraron las fuentes, que detallaron que para el Ministerio Fiscal "no hay causa legal" para aplicar la Ley de Extranjería.
La Fiscalía acusa a los detenidos de 36 delitos de detención ilegal -castigado con penas de 6 a 10 años de cárcel- y de uno de robo con violencia y uso de armas -con penas de entre 3 años y medio y 5 de cárcel-, lo que hará que su petición se eleve a más de 200 años de prisión. La mínima pena que podría reclamar la Fiscalía sería de 219 años y medio de cárcel y la máxima de 365 años de prisión, y, según las fuentes, la intención es pedir penas altas.
El auto de procesamiento recoge que los informes de la Comisaría General de Información y del Estado Mayor de la Defensa determinan que los detenidos dejaron el Alakrana un día después del secuestro y que entre el material que les incautaron había 2.500 dólares americanos, seis móviles de la tripulación y efectos del barco, como una navaja de Albacete.
"Fraude legal"
Sin embargo, fuentes consultadas creen que supondría un "fraude legal" llegar a un acuerdo que ermita la expulsión de los piratas, ya que si son condenados a más de 200 años de cárcel no tendría sentido que se tuviera en cuenta la pena individual de uno de los delitos.
Las posibilidades que habría para que los detenidos regresaran a Somalia, según otras fuentes jurídicas, pasarían por que el Gobierno, por medio del Consejo de Ministros, concediera un indulto o se alcanzara algún acuerdo con este país para que cumplieran allí la condena que les imponga la Audiencia Nacional.
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