Lejos de conciliar cada vez más la fiesta con el descanso, aumenta el número de valencianos que se están enzarzando en una batalla legal contra el ruido que originan los casales falleros, los racós alicantinos y los locales como pubs y bares nocturnos. Así lo reflejan los datos sobre quejas por contaminación acústica presentadas ante el Síndic de Greuges, a los que ha tenido acceso 20 minutos.

Si en 2007 la Comunitat acumuló 88 reclamaciones por este apartado, en 2008 se han disparado, hasta alcanzar las 108. Esta cifra incluye a decenas de municipios de Valencia y Alicante que celebran fiestas populares con el ruido como protagonista. Sólo en la capital del Turia, se ha pasado en un año de 14 quejas a 28, justo el doble.

La anterior Síndica y actual adjunta al cargo, Emilia Caballero, ya solicitó el año pasado a los poderes públicos "ordenar" la actividad de estos recintos ante el alud de reclamaciones que se estaba produciendo.

De hecho, la institución del Defensor del Pueblo valenciano constató que algunos casales funcionan de manera irregular, "sin licencia ambiental", lo que hace necesario un consenso que aúne "el legítimo derecho al ocio vinculado a las fiestas populares valencianas con el derecho al descanso".

Silenciar algunas zonas

Como solución, la institución propone algo que el Ayuntamiento de Valencia ya ha empezado a hacer: declarar como zonas acústicamente saturadas (ZAS) aquellos barrios con más problemas de ruido. Además, aboga por corregir las anomalías de este tipo de locales.

Todavía están recientes casos como el de la falla Sueca-Literato Azorín, en Valencia, cuyos vecinos llegaron a organizar caceroladas hace un par de años en protesta por las cubas de gas que alimentaban la iluminación, que se colaba en sus casas durante la noche.

Locales cerrados y multas históricas

Un juez cerró en marzo de este año el casal de la falla General Pando-Serrano Flores por ruido, y el abogado valenciano Raúl Burgos tiene en marcha tres denuncias contra los ayuntamientos de Valencia, Aldaia y Meliana por no atajar el ruido de casales. El Consistorio de Gandia fue el primero en ser condenado a indemnizar a una familia con 13.000 euros por no actuar contra el ruido que generaba el local de la comisión Sant Nicolau-Mosquit. La jueza considera que en este caso hay "daños morales".