El caos jurídico que ha empañado el caso del pirata Abdu Willy llega a su fin. La tercera, última y concluyente prueba médica realizada al joven somalí detenido por el secuestro del buque Alakrana –un análisis radiológico de la dentadura– ha determinado que es mayor de 18 años y, por lo tanto, Willy regresará a la Audiencia Nacional para ser juzgado por el magistrado Santiago Pedraz.

Cuando el juez ratifique previsiblemente este viernes su ingreso en prisión, Willy dejará el centro de menores en el que se encuentra y habrá concluido un mes y medio de desconcierto jurídico en el que el bucanero somalí llegó a saborear el aroma a libertad.

Las primeras pruebas forenses realizadas en el hospital madrileño Gregorio Marañón a principios de octubre determinaron que era mayor de edad; sin embargo, el juez solicitó más análisis y, tras el veredicto de los forenses de la Audiencia Nacional, Pedraz ordenó su inmediata puesta en libertad.

En el auto el juez trasladó la decisión definitiva a la Fiscalía de Menores, que acordó el internamiento del preso en un centro tutelado. El último giro procesal se produjo el miércoles con el resultado de la ortopantomografía, una prueba dental "sin margen de error" que ha determinado que Willy ha cumplido los 18 y, por lo tanto, puede enfrentarse a la Justicia.

Procesamiento

La duda ahora es saber de qué se le acusa, porque la legislación española no contempla el delito de piratería. La reforma del Código Penal –pendiente de recibir luz verde en el Congreso– tipificará esta infracción y cubrirá ese vacío legal, sin embargo no tendrá efecto retroactivo y Willy no podrá ser juzgado como pirata.

La extradición del joven se amparó en la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 1958, que contempla la piratería como una actividad delictiva y permite a los estados detener y juzgar a los tripulantes de cualquier buque que efectúe actividades ilícitas en alta mar.

El Artículo 19 de este tratado contempla que la Justicia del país que haya detenido a los piratas imponga las penas a los infractores, pero en territorio nacional no existe jurisdicción al respecto. "Es ilógico que España tenga competencias sobre la piratería en cualquier parte del mundo y que el delito todavía no haya sido tipificado", matiza Carlos Fernández Casadevante, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Por el momento, la astucia jurídica ha permitido imputar a Willy un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, un delito de robo con violencia y otro de uso de armas.

Liberación del atunero

Toda la flota pesquera nacional hará sonar sus sirenas este viernes a las doce del mediodía como muestra de solidaridad con los tripulantes del pesquero Alakrana y sus familiares, según informó este jueves la Confederación Española de Pesca (Cepesca) en un comunicado. La sonada coincide con las concentraciones que los familiares de los 36 tripulantes del atunero –retenidos en el buque desde hace ya tres semanas– han convocado a las puertas de los ayuntamientos de Bermeo (Vizcaya) y Baiona (Galicia) para pedir la liberación de la tripulación secuestrada.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado que la justicia "no debe ser una moneda de cambio" ni actuar "al hilo de una situación concreta", en relación con el secuestro.