El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó este viernes definitivamente, con el voto en contra de IU, la Ordenanza de la Convivencia que impone sanciones de hasta 3.000 euros por la práctica y el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública.

La aprobación de la ordenanza, que entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, contó con los votos a favor tanto del PP y como del PSOE.

El texto prohíbe en el espacio público "las relaciones sexuales", así como "el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos" y "especialmente" cuando se lleven a cabo a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos o cualquier actividad comercial o empresarial.

En los casos en que tenga lugar dentro de este perímetro, se considerará una infracción muy grave, mientras que si se respeta esta distancia se entenderá como leve.

La Policía Local se limitará inicialmente a recordar a las personas que incumplan la normativa que dichas prácticas están prohibidas y si persisten en su actitud se iniciará el procedimiento administrativo, que puede suponer multas de entre 1 y 750 euros en el caso de las infracciones leves y de entre 1.501 y 3.000 en el caso de las muy graves.

Regulación de otras actividades

El importe de las sanciones irá destinado a programas sociales y fines como la información y la ayuda a las personas que ejercen la prostitución y en especial a aquéllas que quieran abandonar esta práctica.

Asimismo, se regulan otras actividades como los grafiti, la pegada de pancartas, carteles y folletos, la satisfacción de necesidades fisiológicas en la calle, el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública o el comercio ambulante no autorizado.

El concejal de la formación de izquierdas Francisco Puentedura denunció que "no se ha escuchado" a los colectivos que trabajan con personas en riesgo de exclusión y que el documento "situará en condiciones de mayor clandestinidad" a las prostitutas y apuntó que determinar la ilegalidad de esta actividad no corresponde al Ayuntamiento.

El concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Eduardo Moral, contestó que está entre las competencias municipales la ocupación del espacio público y que "sí se ha escuchado tanto a los colectivos como a los vecinos". La concejal socialista Ana Muñoz explicó que la ordenanza "favorecerá la convivencia".