La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado no abrir diligencias para investigar al juez Eloy Velasco tras la huida de la etarra Maite Aranalde, a la que dejó en libertad bajo fianza tras ser extraditada por Francia, al entender que actuó correctamente y que su decisión estuvo motivada.

Así lo ha dado a conocer a los medios de comunicación el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que ha explicado que tanto la decisión de Velasco de imponer la fianza a Aranalde por un delito de tenencia de explosivos, como la de su compañero Baltasar Garzón -instructor de la causa- de reformarla y ordenar su ingreso en prisión, "son resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los jueces".

Por tanto, la Sala de Gobierno "se da por enterada" del asunto y, "sin perjuicio ni invasión" de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha decidido que no ha lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al órgano de gobierno de los jueces.

Pasos seguidos por Velasco

Juanes ha detallado los pasos seguidos por el juez Velasco, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y ha recordado que la Fiscalía recurrió en un mismo auto tanto la fianza como las medidas cautelares impuestas a Aranalde, y solicitó que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial permanente.

Ese recurso se registró en el Juzgado a las 13.40 horas del pasado viernes y Velasco dio traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de tres días, tras lo que Garzón resolvió el recurso el lunes y acordó su ingreso en prisión. "No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del Juzgado en cuanto a la tramitación del recurso", ha subrayado Juanes.

Reacciones

Antes de conocerse esta decisión, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya defendió la actuación de Velasco porque "tomó la decisión que creía que era la que procedía en Derecho".

No opina lo mismo el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien pidió "responsabilidades" por la fuga de Aranalde y ha opinado que "a alguien le debe caer un paquete gordo porque si no esto volverá a pasar".

El caso de Aranalde es, para la Confederación Española de Policía (CEP), un "nuevo episodio de descoordinación" entre magistrados, pero la confederación ha defendido el papel del magistrado de guardia, que "debe interpretar en pocos minutos hechos de complejidad y gravedad extremos que sólo conoce en profundidad el titular de la investigación".

Por su parte, el sindicato Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable del partido ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue si el juez Velasco incurrió en "negligencia grave" y merece una sanción disciplinaria.