El ex alcalde de Sant Quirze de Vallès (Barcelona), Sebastià Ruiz; su sucesor y ex concejal de Medio ambiente de la localidad, Francesc Contreras; y el sucesor de éste en la concejalía, Josep Coll, se sentarán este jueves en el banquillo de los acusados.

El fiscal pide que se condene a cada uno de ellos a cuatro años de prisión y a una multa de 8.400 euros por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La acusación pública sostiene que, entre el 2003 y el 2006, permitieron el vertido de aguas residuales generadas por el municipio a la riera Betzuca, el tramo más alto y mejor conservado del río Sec, afluente del Besòs.

El fiscal sostiene que incumplieron "conscientemente" su obligación de tratar todas las aguas residuales generadas por el municipio a un tratamiento depurativo (físico y químico) y, desde el 2006, a un tratamiento secundario (biológico).

Los acusados consintieron los vertidos, que contaminaron las aguas y afectaron "gravemente" a su ecosistema natural, con el único motivo de ahorrarse el coste del tratamiento de las aguas residuales e intentar que fuera otra administración pública la que se hiciera cargo.

En febrero de 2006, la Fiscalía de Medio ambiente tuvo conocimiento de los vertidos. Las aguas residuales de los barrios de Can Pallàs y Can Casablanca eran recogidas por un colector y vertidas sin tratamiento a la riera, que se convirtió en una "cloaca abierta". Además, suponía un riesgo para el uso doméstico de las aguas de la riera y los pozos.

Los procesados sólo emprendieron medidas contra la contaminación en 2006, tres meses después de ser denunciados. Fue entonces cuando aprobaron un proyecto para conectar el colector que recogía las aguas de Can Feliu y Can Casablanca con el colector general del municipio. Las obras se llevaron a cabo entre julio y octubre de ese año.