El Tribunal Supremo de Justicia de EE UU ha decidido dejar en suspenso la venta de los activos del fabricante de automóviles estadounidense Chrysler al italiano Fiat, con objeto de contar con más tiempo para estudiar los términos de la operación.
La transacción, aprobada la semana pasada por el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, es un paso crucial para la reorganización de Chrysler, si bien un grupo de consumidores y fondos de pensiones decidieron recurrir la operación ante el Supremo. Entre los principales opositores se encuentran tres fondos de pensiones de Indiana, que gestionan los
derechos de jubilación del cuerpo de Policía y de los profesores del Estado y que cuentan con participación en Chrysler con el 1% de las acciones. Estos fondos, que son acreedores por 42 millones de dólares de los 6.900 millones de dólares en préstamos garantizados de Chrysler, piden una mayor compensación por su deuda.
Además, consideran
inconstitucional que, sin la autorización previa del Congreso, Chrysler recibiera 8.000 millones de dólares del Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por su sigla en inglés) que puso en marcha el Gobierno estadounidense.
Si se completa la operación, el nuevo Grupo Chrysler estará
controlado en un 55% por una sociedad fiduciaria vinculada al sindicato United Auto Workers (UAW), que sin embargo, no tendrá poder de gestión, en tanto que
Fiat controlará inicialmente un 20%, aunque ese porcentaje podrá crecer hasta el 35% si se logran ciertos objetivos.
Entre los accionistas minoritarios destacan el Gobierno de
Estados Unidos, con un 8%, y el de Canadá, con un 2%.
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