La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha garantizado este viernes que en el plazo de un mes el Estado contará con diez millones de tratamientos antivirales contra la gripe A o porcina encapsulados, que estarán a disposición de las autonomías en cantidad suficiente si llegan a necesitarlos.
El Ministerio ha suscrito un convenio con los laboratorios Roche para que encapsulen los antivirales específicos para este tipo de gripe, que estarán listos en un mes.
La compañía comenzará a partir de ahora a encapsular, en los laboratorios del Hospital Militar de Burgos, los ocho millones de antivirales que el Gobierno y las comunidades autónomas mantenían guardados en polvo para su mejor conservación.
"Aunque las reservas que tenemos en este momento para la situación actual (un total de dos millones de tratamientos encapsulados y listos para consumir) son más que suficientes, hemos hecho un acuerdo con los laboratorios Roche para que el tratamiento que estaba en polvo y que necesita ser procesado para tenerlo en comprimido, podamos tenerlo a la mayor brevedad posible para una determinada contingencia o una mayor necesidad", indicó Jiménez.
Tras a reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud, la ministra ha recordado que el número de casos confirmados se mantiene en 13 mientras que los sospechosos bajan a 108, unas cifras que demuestran "cierta estabilización" de la situación, aunque el Gobierno no baja la guardia y mantiene la cautela, ha subrayado.
España tiene 2 millones de dosis
Actualmente el Estado tiene dos millones de dosis encapsuladas, por lo que Roche tendrá que producir otros ocho millones de tratamientos.
La previsión es que el Estado retenga un 10% del total de estas dosis, y que el resto las distribuyan las comunidades autónomas según los criterios de población.
Los consejeros autonómicos enviarán a Sanidad un listado de laboratorios que reúnan las condiciones necesarias para hacer diagnósticos a nivel nacional, y después Sanidad decidirá cuáles están capacitados para ello. Así se evitaría que sólo el Instituto Carlos III de Madrid pueda realizar los análisis, lo que ralentiza los diagnósticos, como han hecho ver algunos consejeros en la reunión.
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