Entre el 6 y el 7 de noviembre de 2001 aparecieron los cuerpos sin vida, en avanzado estado de descomposición, de ocho mujeres en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez.

Tres de estas víctimas pudieron ser identificadas y sus familias optaron por algo muy poco frecuente en todo el estado de Chihuahua: tratar de que se haga justicia.

Entre el 27 y el 30 de abril, el Gobierno mexicano será juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dejadez de funciones en este caso.

Desde 1993 han muerto en Ciudad Juárez 500 mujeres. En todo el país, las asesinadas en el último año y medio superan las 1.100. Por eso, Emilio Ginés, un abogado español que está colaborando en la causa del Campo Algodonero con otros letrados mexicanos, destaca que lo que se juzga, aunque sea de forma simbólica, es "toda la situación de Ciudad Juárez. Eso se llama feminicidio, porque tiene unas características específicas".

Jóvenes y de origen humilde

Ginés se refiere a que se trata siempre de mujeres jóvenes; son chicas de origen humilde indefensas ante los abusos; y contra las que se ejerce una violencia sexual extrema.

"Se trata de mujeres que fueron violadas, torturadas y asesinadas por el simple hecho de que eran mujeres", señala Héctor Faúndez, abogado venezolano que también colabora en la causa.

Reparación a las víctimas

De lo que se trata, por tanto, es de defender los derechos humanos para evitar que la violencia contra las mujeres se perpetúe en México sin que el Estado se implique en su resolución. Por eso, la labor del español Emilio Ginés cuenta con el respaldo del Consejo General de la Abogacía, lo que es, según el presidente de este organismo, como "tener el apoyo de los 160.000 abogados españoles".

La vista oral se celebrará en Santiago de Chile y no en la sede permanente de la Corte que está en San José de Costa Rica. El traslado es puramente casual, aunque tampoco está de más alejar la vista del conflictivo estado de Chihuahua, donde el miedo impide que cualquier abogado acepte llevar estos casos.

Las acusaciones contra el Estado mexicano se refieren a su responsabilidad como garante del derecho a la vida, a la integridad personal y a un proceso judicial. Se le exige así que acabe con la impunidad con la que actúan los autores de los asesinatos.

Se persigue, en definitiva, una sentencia que refleje la responsabilidad del Estado mexicano, donde se recoja el derecho a la verdad que asiste a las víctimas y se impongan medidas de reparación.

Cuando rige la impunidad

En Ciudad Juárez se ha asesinado a 500 mujeres desde 1993 y no existe ninguna condena por estos casos. Como sucede en todo México, la Policía del Estado, en este caso el de Chihuahua, es la competente para llevar las investigaciones, pero no actúa con la diligencia exigible, mientras que la Federal, menos infectada por la corrupción, no tiene competencias para intervenir.

La otra pata que sustenta la impunidad es un miedo muy real y palpable por la muerte de abogados y activistas que han tratado de poner fin a los feminicidios.