Fiel a su política de mano dura contra los inmigrantes sin papeles, el presidente italiano, Silvio Berlusconi, dio ayer un nuevo paso en su batalla. A partir de ahora, los médicos en Italia podrán denunciar a los inmigrantes sin papeles a los que atiendan.

La nueva norma cancela una anterior en la que se prohibía a los médicos delatar a los indocumentados a los que habían asistido.

La medida ha creado una fuerte crispación en el sector sanitario, ya que, según la organización Médicos sin Fronteras, "se corre el riesgo de crear un clima de miedo, reduciendo así el acceso a la sanidad de los sin papeles". Esta ONG denuncia asimismo que la ley va en contra del código deontológico profesional.

El polémico proyecto de ley fue aprobado este jueves por el Senado, aunque, eso sí, sólo en parte. Aún tendrá que volver a ser ratificado por el propio Senado, y aprobado después en la Cámara de los Diputados para su visto bueno final.

Un delito

Entre los artículos aprobados ayer también se prevé la tipificación de la inmigración indocumentada como delito (hasta 4 años de cárcel), fija una tasa de entre 80 y 200 euros y establece la creación de un registro de vagabundos.

Berlusconi practica una dura política contra la inmigración desde que en 2008 declarara el estado de emergencia por el boom de sin papeles que vivió el país (pasó de recibir 14.000 en 2007 a 40.000 en 2008) que le "obligó", según explicó, a considerarlo delito.

Esta dureza tiene sus consecuencias en el resto de países con leyes más suaves. En 2008 decenas de inmigrantes se trasladaron de Italia a España huyendo del acoso.

Brote de xenofobia

Por otra parte, cientos de trabajadores de la refinería de Lidsey (Reino Unido) terminaron ayer con las presiones que desde hace días realizan para pedir que no se contratara más mano de obra extranjera y que ha llevado al Gobierno a temer un brote de xenofobia. La creación de 102 nuevos trabajos para británicos puso fin a las revueltas.