El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi ha aprobado este miércoles que la
inmigración ilegal sea un delito en Italia, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores,
Franco Frattini. La decisión fue adoptada durante el primer
Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de
Nápoles y que duró cuatro horas.
La tipificación como delito de la inmigración ilegal será recogida en un
proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento, mientras otras
medidas de lucha contra la inmigración clandestina han sido incluidas en un
decreto ley que deja a Berlusconi las manos libres para actuar sin la conformidad del Parlamento.
A partir de ahora, los inmigrantes 'sin papeles' podrán ser expulsados o condenados a
penas de hasta cuatro años; las autoridades italianas podrán
confiscar pisos alquilados a los inmigrantes que sean pillados sin la documentación en regla. Además, a aquellos inmigrantes que quieran acogerse a la figura del reagrupamiento familiar se exigirán
pruebas de ADN que verifiquen el parentesco.
También
se agravan las penas a los 'sin papeles' que cometan delitos y las autoridades podrán
comprobar los ingresos de los extranjeros que quieran residir en Italia.
Con estas medidas, Italia pretende
blindarse contra la inmigración ilegal.
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