El veto del PSOE en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha obligado a aplazar hasta el próximo periodo de sesiones, en febrero, el debate de la proposición no de ley del PP para que sean disueltos los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que gobierna ANV.
Además de la disolución de esas corporaciones locales, el PP había pedido en ese escrito que los alcaldes de ANV no puedan gestionar la parte del fondo de 8.000 millones de euros aprobado por el Gobierno que correspondería a esos municipios.
El grupo popular había planteado en la Junta de Portavoces del Congreso que se incorporara como urgente esta proposición no de ley para su debate en el pleno del próximo día 16, pero el PSOE ha vetado esta posibilidad.
El PSOE critica que no lo consultaran
Un comportamiento ante el que la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado su sorpresa, porque, a su entender, se daba "el requisito claro de urgencia", habida cuenta además de que a comienzos de enero acaba el plazo para presentar proyectos que sean sufragados a cargo de ese fondo anticrisis.
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha justificado luego la oposición de su grupo en el hecho de que el PP haya presentado la propuesta sin consultarles de antemano. "Si estamos en consenso, las cosas hay que hablarlas antes de hacerlas", ha señalado.
Ha garantizado asimismo que el PSOE tiene la "voluntad inequívoca" de activar todos los mecanismos legales posibles para echar a los representantes de ANV de las instituciones, aplicando "rigurosamente" la ley y "sin cometer errores" que puedan volverse en contra suya.
Contra ANV
La postura del Ejecutivo respecto a ANV ha ido variando en los últimos tiempos: en agosto inició las alegaciones ante el Tribunal Supremo para ilegalizar la formación, junto al PCTV, por ser estructuras de ETA.
Del mismo modo, José Bono, presidente del Congreso y destacado miembro del PSOE, afirmó que quienes votan a ANV "necesitan tratamiento" tras el asesinato de Ignacio Uria. Pese a todo, el Gobierno no pretende desalojar a ANV de las instituciones hasta después de las elecciones en Euskadi, presumiblemente en marzo.
Tras este último atentado, el segundo en una localidad gobernada por ANV después del de Isaías Carrasco, la nueva negativa del partido a condenar el atentado provocó la retirada de apoyos de sus dos socios de gobierno en la ciudad, Aralar y Eusko Alkartasuna.
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