Málaga tiene un solo inspector para vigilar los derechos de casi 27.000 trabajadores

Si hay un accidente laboral todo el mundo se pregunta dónde estaba la inspección de trabajo que no detectó problemas de seguridad en la obra, y lo mismo si hay un empleador que explota a inmigrantes sin papeles o que tiene más personas trabajando de las que dice y sin pagarle la Seguridad Social.

Tal vez el problema está en que ese funcionario no da abasto para comprobar las denuncias de sindicatos y empleados, para prevenir y aclarar las muertes en el tajo y evitar fraudes. En Málaga hay sólo 22 inspectores de trabajo para atender las 129.074 empresas que hay registradas en toda la provincia y los 589.438 trabajadores en activo (hasta mayo de 2008). A éstos e suman 26 subinspectores, pero con competencia sólo en empleo y Seguridad Social.

Pero esta sobrecarga de trabajo, de la que se quejan CCOO y el sindicato de funcionarios CSI-CSIF en Málaga, se arrastra desde hace varios años. La plantilla no ha variado desde 2005, cuando en ese tiempo se han constituido 10.000 sociedades más y hay más control sobre la contratación a extranjeros.

De modo que ahora en la provincia un solo inspector cubre 5.867 empresas y 26.792 trabajadores. La ratio deseable que proponen los sindicatos es de uno por cada 10.000 empleados, asegura la responsable de la Inspección de Trabajo en CCOO en Málaga, Josefa Eva González.

En los países más avanzados de la UE (sin contar la última ampliación), la proporción es de uno por cada 12.000. CCOO calcula que se necesitarían entre 8 y 10 inspectores más, pero el Gobierno no prevé refuerzos a corto plazo, asegura en una reciente respuesta parlamentaria al PSOE.

Nueve meses para resolver conflictos

Si faltan inspectores hay menos exigencia a las empresas y con ello más riesgo de accidentes. Entre enero y abril se contabilizaron 7.787 siniestros laborales y nueve trabajadores muertos (cinco pertenecían a la construcción). Esto supone un 75% más que en el mismo periodo de 2007, cuando hubo sólo cuatro.

Otra consecuencia de la escasez de personal es la demora para resolver un conflicto laboral. Tienen un plazo de nueve meses para contestar y se supera ese tiempo, según CCOO.

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