La caja de Pandora se ha abierto en la Comisaría Provincial a raíz de la investigación iniciada por el juez sobre las prácticas del inspector V. R. R. , jefe del grupo segundo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), como pudo apreciarse ayer en la rueda de prensa convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), personado en este procedimiento como acción popular, con el objetivo aparente de hablar de cosas muy distintas a este presunto caso de corrupción.

Cuando iba a comenzar la comparecencia del SUP ante los medios, prorrumpieron en la sala de la Asociación de la Prensa de Cádiz altos cargos de la Unión Federal de Policía (UFP), que querían asistir a la misma e incluso rebatir sobre el terreno lo que sabían con seguridad serían duras acusaciones contra ellos. El SUP estuvo a punto de suspender la rueda de prensa y denunciar la intromisión ante el juzgado de guardia. Hasta que la mediación de los propios periodistas hizo que primero hablaran unos, a puerta cerrada, y luego se les diera la palabra a los segundos, por separado.

A partir de ahí, Francisco Camacho, José Manuel González Ponce y Manuel Espino, del SUP, pusieron el ventilador: acusaron al secretario general de Andalucía y secretario provincial de la UFP, Víctor Manuel Duque y Juan Verdugo, respectivamente, de abusar de un derecho en fraude de ley y de inmoralidad por pedir destino en las plaza de Ceuta pero trabajar como liberados en la provincia de Cádiz, por puro beneficio económico: desde 1971 un decreto estableció que las retribuciones de todo funcionario que trabajara en las plazas de Ceuta y Melilla gozarían de un complemento de entre 600 y 800 euros, se les concedía la ventaja de tributar sólo la mitad del IRPF correspondiente, y se podía acceder a bienes de consumo sin pagar el IVA o el impuesto de lujo.

Según el SUP, otros seis liberados sindicales de la UFP en España habrían ya utilizado o estaban en trámite de utilizar esta estrategia para gozar de los beneficios de estar destinado en estas plazas sin estar siquiera domiciliado allí.

También se habló de la situación irrespirable que se vivía en la Comisaría por la gestión del actual comisario, José María Deira, que había desmantelado el grupo primero de la Udyco a pesar de las importantes investigaciones que llevaba y los resultados obtenidos. Pero nada hablaron del caso de la Udyco 2 y su jefe, V. R. R. Hasta que las interpelaciones de 20minutos.es les obligaron.

Así fue como dieron a conocer que, tras el auto del juez que levantaba el secreto del sumario -del que ya informó 20minutos.es- V. R. R. había sido llamado a declarar ante Asuntos Internos y se había negado, alegando a que esperaría a ser citado por el juez, y recordaron que el magistrado presume, a la vista de las pruebas, la existencia de una posible infracción penal, por un presunto delito de omisión del deber de perseguir determinados delitos, cohecho, falsedad, prevaricación y tráfico de drogas.

Cuando le tocó responder a la UFP ya se apreció con nitidez el verdadero trasfondo del espectáculo presenciado en la rueda de prensa: repartieron información sobre otros comportamientos presuntamente inmorales de los liberados del SUP y declararon taxativos que todo lo que se había escuchado no era más que una venganza del otro sindicato porque la UFP no quiso apoyarlos ni "pedir la cabeza", o sea, el cese, ante el comisario, del inspector investigado, V. R. R.

A este respecto, la UFP acusó al SUP, "tras una serie de intrigas, grabaciones y persecuciones personales", de proponerse "destrozar a un miembro de la escala ejecutiva del CNP con destino en Cádiz". Argumentaron que, desde su posición, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, y reprocharon al SUP que volviera a "mancillar el buen nombre del CNP con oscuras e inventadas tramas..."

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