La Audiencia Nacional ha condenado este jueves al dueño de la agencia de valores Gescartera a un total de once años de prisión (ocho años por el delito de apropiación indebida y tres por falsedad documental) y a pagar una multa de 263.000 euros, según lo solicitado como máxima pena por el fiscal Vicente González Mota.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que este jueves leyó de forma pública el fallo de la sentencia de 592 folios en la que absolvió a 6 personas (entre ellas a la mujer de Camacho) y condenó a otras 8, también condenó a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de apropiación indebida a la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, a quien también se le impuso una multa. El Ministerio Público había solicitado 8 años de cárcel para ella. Pilar Giménez-Reyna es hermana del que fuera secretario de Hacienda con el PP, Enrique Giménez-Reyna.

En su caso, el tribunal recuerda que por su condición de directora comercial no le era ajena la irregular actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes.

Además, el tribunal presidido por Carmen Paloma González también ha condenado al número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, a 7 años de cárcel por apropiación indebida y 3 años por falsedad documental.

Por su parte Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores Gescartera, fue condenado a 9 años de cárcel por apropiación indebida (7 años) y falsedad documental (2 años).

Responsables civiles subsidiarios

Igualmente, ha considerado a Caja Madrid Bolsa y a La Caixa como responsables civiles subsidiarios del agujero y de los daños, valorados en 87,99 millones de euros, del que deberán responder civilmente de modo solidario todos los condenados. Así, tendrán que abonar los millones de euros establecidos como indemnización a los 655 afectados que reconoce el fallo, que supone un aviso para las entidades financieras.

Los afectados de la estafa recibieron 26 millones de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso) pero en ningún momento se ha recuperado nada de lo estafado. Es más, según denuncian las acusaciones particulares, los afectados se quejan de que varios antiguos administradores y empleados de Gescartera todavía disponen de muchas propiedades a través de sociedades interpuestas, por lo que la recuperación de su dinero todavía se hace menos viable.

El escándalo financiero de Gescartera, se descubrió en 2001 y afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que el Ministerio Fiscal cifró en 50,22 millones de euros. La trama financiera se llevó por delante los ahorros de esas 4.000 personas.