Un ex senador del PP se quedó con los bienes de CPV sin pagar un euro

Un ex senador del PP, Javier Sánchez Lázaro, se quedó sin dar un euro con todos los bienes rentables de Comercializadora Penínsular de Viviendas (CPV), la promotora implicada en una estafa a gran escala que compró al Rey la casa de su padre en Madrid, Villa Giralda.

Como publicó anteayer martes 20 minutos, dos familiares de Don Juan Carlos cobraron 1,5 millones por vender en 2,7 millones este inmueble. La sindicatura de la quiebra de CPV y varios damnificados acusan a Sánchez Lázaro de idear su vaciamiento patrimonial y piden para él seis años de cárcel.

Sánchez Lázaro tiene dos hermanos, Juan Carlos y Fernando, que alcanzaron notoriedad con el escándalo del tamayazo, que privó al PSOE del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poseían la copistería que tuvo en nómina al entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, "para que pudiera cotizar". Los socialistas vincularon a los tres hermanos con supuestos manejos urbanísticos de empresarios afines al PP. Ya entonces los hermanos airearon supuestas desavenencias para mostrar que no actuaban concertadamente en sus negocios.

La operación que dejó a CPV sin patrimonio se materializó con una permuta el 27 de agosto de 2002, dos meses antes de que el Juzgado n.º 8 de Madrid acordara la prisión provisional de sus administradores tras la denuncia de varios afectados que entregaron diversas cantidades por pisos que nunca se construyeron.

Conservó Villa Giralda

Lo único que conservó en su poder CPV fue Villa Giralda y 21 apartamentos en Cala Finestrat (Benidorm), probablemente porque estaban gravados con hipotecas a favor de Ibercaja y el Banco de Santander. El supuesto intercambio fue tan desfavorable para CPV que, de hecho, la empresa no recibió nada a cambio.

Así, CPV se obligaba a entregar a Jabbar Inversiones, la empresa de Javier Sánchez Lázaro, unas fincas en Fuente el Saz (Madrid) adquiridas por 7,5 millones, 35 apartamentos en Benidorm (1,7 millones), 7 dúplex en El Espinar (Segovia), un solar urbanizable para 20 chalés también en El Espinar, 25 parcelas para viviendas en Agés (Toledo), una casa en Toledo y un apartamento en Peñíscola (Castellón). Todo lo anterior se valoraba en 8,8 millones, aunque el valor real superaba los 20 millones.

A cambio, Jabbar debía aportar 32 hectáreas de suelo rústico en Chinchón (Madrid), pendientes de una recalificación que nunca se produjo, y 4,4 millones en efectivo, que conformarían el patrimonio de una nueva sociedad, Sorbe 2000, SL, de la que Jabbar tendría el 65% y el 35% y que quedaría en manos de quien CPV designase, pero no de la promotora, ya que se establecía que no podía ser accionista. Además, sus títulos quedaban pignorados en prenda de ciertas garantías, por lo que CPV jamás dispuso de ellos.

Entre tanto, Jabbar, es decir, Javier Sánchez Lázaro, se dispuso a enajenar rápidamente los bienes de CPV obtenidos de la permuta. Así, cambiaron de manos los apartamentos de Benidorm y de El Espinar, las parcelas de Toledo y el apartamento de Peñíscola. Además de la pena de cárcel, la acusación en el proceso que se sigue contra el ex senador y los dueños de CPV pide que reintegren a la masa de la quiebra los bienes permutados o, si éstos fueran irreivindicables, 20 millones.

Venta a la Infanta Elena

Alejandro Latorre Atance, comisario de la quiebra de CPV, vendió a finales de 2007 a la infanta Elena la empresa Global Cinoscéfalos, S.L., una sociedad de consultoría e inversión con un capital de 3.600 euros en lo que fue el bautismo empresarial de la primogénita del Rey.

Latorre forma parte de un reducido grupo de abogados a los que los jueces encargan la administración judicial de la mayoría de las suspensiones de pagos. A finales de febrero de este año, sin más explicaciones, la Casa Real anunció que la infanta había decidido disolver la empresa.