Un comerciante se queja de que las obras del Palas le obligan a cerrar su negocio

El prolongado cierre al tráfico de la calle Gravina para la edificación de la nueva sede de la
Cámara de Comercio en la cáscara del antiguo
Hotel Palas ha generado pérdidas a una tienda de souvenirs, con ocho escaparates inutilizados, algunos rotos, y a
Juan Cardell (unos 10.000 euros), al no poder alquilar su local de la
calle Gravina esquina a
San Telmo (que tapona la obra) y tener que marcharse sus dos últimos inquilinos, uno de ellos (de bisutería al por mayor) tras ocuparlo 18 años. En febrero y marzo de 2007, Cardell presentó dos escritos al registro general del Ayuntamiento, solicitando que le dedujeran, «por lo menos, los impuestos», ya que (denunciaba) «es imposible alquilar el local y (la obra) va para largo».

El 10 de abril, el jefe del departamento de Gestión Tributaria, José Pascual Poveda, le contestaba que «la Ley de Haciendas Locales no permite aplicar bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles ni en la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos», lo que impide ayudarle.

En su despacho del Ayuntamiento, el señor Poveda me precisa que Cardell podría abonar, no obstante, el impuesto de bienes inmuebles en dos plazos. Distinto sería si pagase el impuesto de actividades empresariales, del que podría recuperar hasta un 80%, pero que sólo ingresan aquellas firmas que facturan más de un millón de euros al año.

Francisco Rovira, de la Federación de Comercio, subraya que, «fiscalmente, no habrá ninguna desgravación, pero si la Administración quiere, puede articular algún tipo especial de ayudas, como cuando la Conselleria de Obras Públicas y el Ayuntamiento promocionaron al comercio de la Rambla para compensarlo por unas obras». Para Rovira, un afectado puede «demostrar con la declaración de la renta la caída de sus ingresos, indicar los problemas que le generan las obras e iniciar un proceso contencioso-administrativo para obtener una indemnización por daños y prejuicios. Proceso largo y costoso, pero que ha resultado positivo».

José María Albert, de la asociación comercial Corazón de Alicante, ratifica esta propuesta, sobre la que «ya hay jurisprudencia y es posible lograr una compensación demostrando que en los dos años anteriores a la obra su beneficio era equis y luego se redujo», aunque «es más complicado en el caso de un arrendador». Pedro Hernández, de la Unión de Consumidores, apunta que «quienes tenían que haberse quejado son los inquilinos» y que, «en temas como éste, (Cardell) debería ser defendido por la Cámara». Paradójicamente, esta institución intentó que el Ayuntamiento le eximiera del alquiler del edificio que ocupa en San Fernando.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

Concejalía de Hacienda: Aprobado

Cámara de Comercio: Suspenso

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