La concejal del BNG María Méndez advirtió de que el servicio de correos ha avanzado en los últimos años "hacia la privatización", y que se ha deteriorado con repetidas reducciones de la plantilla, jubilaciones que no son sustituidas o con el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

A estas condiciones se suma el nuevo reglamento del servicio que, entre otras cuestiones, introduce la figura de "entornos especiales" que son, esencialmente, lugares donde las viviendas están a más de 250 metros de la vía pública, y en los que se elimina la obligación de la entrega domiciliaria. "Prácticamente todo el rural de Galicia queda bajo estas condiciones", recordó.

Por su parte, el concejal del PP, Antonio Martiño, recordó que "todos los ciudadanos tienen los mismos derechos" y calificó de "anticonstitucional" el decreto del Gobierno porque "hace que existan españoles de primera y de segunda clase". Asimismo, recordó que esta medida afecta directamente a Vigo que, por su configuración orográfica, tiene una gran dispersión de la población en el rural.

Así, tras el voto favorable de todos los grupos, la corporación acordó solicitar al Gobierno que se garantice el servicio sin detrimento de las condiciones laborales del personal, y que se elimine el artículo del decreto que hace referencia a esos entornos especiales, al tiempo que se solicita que "no se menoscabe el derecho ciudadano a la inviolabilidad postal". El acuerdo del Pleno se trasladará al Gobierno central y a la presidencia y vicepresidencia de la Xunta.

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