El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del "Caso Malaya" en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".

Ordena tomar declaración

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el "Caso Malaya"-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela "Francisco Norte", tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

El magistrado señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

Vendidos a la empresa de Roca

El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros. Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de "Ave María" a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros.

El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca. Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".