El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado a declarar este lunes como investigados a tres empresarios que supuestamente ayudaron a "encubrir el patrimonio ilícito" del exconsejero madrileño Francisco Granados, entre el que figura su chalé de lujo en Valdemoro, localidad de la que fue alcalde.

Se trata de Consuelo Astasio, Rafael Navarro y Millán Jesús Pradana, administradores de varias sociedades con las que, "a través de artificiosas compraventas de las parcelas" de Granados y su mujer, Nieves Alarcón —también investigada—, intentaron ocultar su verdadera titularidad.

El magistrado considera que esta actuación puede ser constitutiva de un delito de blanqueo de capitales y por ello deberán declarar en la Audiencia Nacional.

En un auto, García Castellón explica que el constructor Ramiro Cid, considerado el testaferro de Granados e investigado en la causa, "asumió" la construcción del chalé del exconsejero madrileño —que estuvo más de dos años y medio en prisión preventiva—, si bien lo registró a nombre de una de sus sociedades, Vicfidem Proyectos.

Lo hizo "como contraprestación a los favores fraudulentos obtenidos" por el exdirigente del PP de Madrid, ya que durante su etapa como regidor de Valdemoro (1999-2003), las empresas de Cid "se beneficiarion de las diferentes clasificaciones y reclasificaciones de terrenos y de las enajenaciones de suelo público".

Ahora bien, para continuar con la operativa de encubrimiento de la titularidad del chalé, desde 2008 los empresarios investigados intervinieron en sucesivas operativas de compraventa de las parcelas donde se ubica la casa de lujo "con el objetivo de desvincularlas del señor Cid".

Las primeras transmisiones de propiedad aparecen inscritas a favor de las sociedades Taller de Arquitectura y Gestión de obra (administrada por Consuelo Astasio) y Conde Guedan (propiedad de Rafael Navarro), empresas que en realidad eran ficticias.

Esta operativa estaba dirigida "a velar" al verdadero propietario del chalé, Francisco Granados, "y a su testaferro oficial, Ramiro Cid".

Pese a dichos cambios en la titularidad de las parcelas, Cid siguió conservando la propiedad de las mismas en virtud de un contrato firmado con Astasio y Navarro un día después de que se hiciese efectiva la compraventa de los terrenos con ambos.

En cuanto al tercer investigado, Millán Jesús Pradana, el juez cree que "tapó la verdadera propiedad de los inmuebles" de Granados en 2014 a través de su empresa ficticia Calderín de Valdemoro cuando el exconsejero intentó ponerlos a la venta.

De esta y otras operativas, García Castellón concluye que Granados "sigue manteniendo oculto su patrimonio ilícito, sirviéndose de testaferros" y que, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, "realizó un uso desviado de su poder (...) para su lucro personal", que le proporcionó "a él y a los empresarios y dueños del suelo que se concertaron con él mismo ingentes ganancias ilícitas".